A pesar del rechazo de grupos ecologistas y de la oposición de comunidades indígenas, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, firmó ayer la concesión para la construcción de una polémica planta hidroeléctrica en la Amazonia, que pretende convertirse en la tercera gran represa del mundo.
"Lo que está sucediendo, que va a pasar a la historia, es que estamos volviendo posible algo que durante 30 años parecía imposible. Es una victoria para el sector energético", aseguró el mandatario durante una ceremonia repleta de empresarios en el Palacio del Planalto, en Brasilia, al referirse al proyecto de la represa de Belo Monte, sobre el río Xingú, afluente del Amazonas, en el norteño estado de Pará.
Los trabajos de la controvertida obra se iniciarán dentro de un par de meses y estarán a cargo del consorcio Norte Energía, formado por 18 empresas privadas y la estatal Eletrobras, que mantendrá el 50% del control. La planta, cuya construcción está valuada en 11.000 millones de dólares y tendrá capacidad para generar 11.200 megavatios, entraría en funcionamiento en 2015, y la compañía podrá explotarla durante los siguientes 35 años.
Una vez finalizada, Belo Monte será la tercera hidroeléctrica del mundo, detrás de las Tres Gargantas, en China, y de Itaipú, represa compartida por Brasil y Paraguay. Brasil utiliza este tipo de fuente para generar más del 80% de su energía. Se espera que la nueva planta provea de electricidad a unos 23 millones de hogares.
"Espero estar vivo para ver Belo Monte construido", bromeó Lula, mientras fuera de la sede del Ejecutivo un numeroso grupo de activistas protestaba por la autorización presidencial al proyecto.
Según sus críticos, Belo Monte provocará un desastre ecológico, tras la inundación de un área de más de 500 kilómetros de selva, obligará al desplazamiento de unas 40.000 personas que residen en la zona -entre ellos, 12.000 indígenas-, y perjudicará la economía de las comunidades que subsisten de la pesca sobre el río Xingú, pues se reducirá el nivel de sus aguas.

"Sentencia de muerte"
"El gobierno federal está firmando la sentencia de muerte del Xingú y la expulsión de miles de ciudadanos de sus casas, lo poco que lo ribereños y pequeños agricultores en las cercanías del río pueden considerar suyo", afirmaron en un comunicado conjunto 56 entidades científicas, indígenas, religiosas y sociales, que han mantenido una fuerte resistencia a la construcción de la usina.
Las tribus indígenas más afectadas, los arara, kayapó, parakanã, asurini, jurana, arawaté y xikrin, ya han declarado la guerra a la obra. Y en su lucha incluso han ganado el respaldo del cantante británico Sting, que ofreció un concierto de protesta, y del director canadiense-estadounidense James Cameron ( Avatar y Titanic ), quien realizó un par de viajes a la zona y ha movilizado a sus colegas de Hollywood en contra del proyecto.
El presidente de la hidroeléctrica, Carlos Nascimento, reconoció que unas 17.000 personas deberán ser reubicadas, pero resaltó que todas recibirán una indemnización.
"La planta les va a dar dignidad a esas personas", afirmó Nascimento, quien asimismo recordó que la actual candidata presidencial oficialista, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, impulsó esta obra cuando todavía era ministra de Minas y Energía de Lula.