El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el contrato que autoriza a la empresa Norte Energía a comenzar a construir una planta hidroeléctrica en la Amazonia. El convenio habilita al grupo integrado por 18 empresas a explotar durante 35 años el potencial energético de la planta, que empezará a funcionar en 2015. La decisión del mandatario generó la protesta de ambientalistas y de organizaciones sociales.
Según el Ministerio de Minas y Energía de Brasilia, será la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo y su construcción generará alrededor de 20 mil empleos. “Es una victoria del sector energético”, festejó el gobernante brasileño. La administración de Lula aseguró que el proyecto fue modificado para reducir su impacto ambiental, negando que vaya a inundar áreas indígenas. La central costará cerca de 11 mil millones de dólares y es el principal proyecto del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
A pesar de las promesas oficiales, la firma de la concesión para la construcción en Belo Monte se efectuó en medio de protestas. Frente al Palacio de Planalto, un grupo de personas llevaban pancartas en las que se referían a la central de Bello Monstruo. Los manifestantes divulgaron una carta firmada por 56 organizaciones de pueblos originarios, movimientos sociales, ambientalistas y de la Iglesia. Dicen en ese documento que la obra es una sentencia de muerte para el río Xing y que desplazará a miles de ciudadanos de sus casas. Los activistas interpusieron quince demandas judiciales cuestionando el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente para que se instale la planta.
“Belo Monte hará secar cien kilómetros del Xing, un río que tiene tres veces más especies de peces que toda Europa y que alimenta a miles de personas. En esa área hay dos tribus indígenas que se alimentan, beben, se bañan y navegan por el río”, denunció Raúl Silva Telles, del Instituto Socio Ambiental (ISA). También hay críticas porque la obra es impulsada con recursos públicos. “Lula volvió al modelo utilizado por los gobiernos militares. La obra se hace con dinero del contribuyente y se contrata a las grandes constructoras privadas para hacerla”, dijo el director del Centro Brasileño de Infraestructura, Adriano Pires.