La amenaza ambiental en que se ha convertido el río Rímac no puede admitirse más, tampoco la inacción. Y es que, como dio a conocer ayer nuestro Diario, su exposición a sustancias contaminantes ha aumentado y, con ello, los riesgos para la vida de los limeños. No es la primera vez que denunciamos que la fuente de agua más importante de la capital es un botadero inmundo. En reiteradas ocasiones hemos señalado también las causas de su contaminación silenciosa e histórica.
Lo peor, sin embargo, es que ninguna autoridad –ministerios e instituciones responsables– ha hecho algo efectivo para reducir en los últimos años los efectos de este atentado ecológico contra el Rímac y la ciudad, cuyos habitantes merecen –y pagan por– un servicio de agua potable de calidad.
En esta historia interminable hay, evidentemente, varios responsables. Empecemos por el Ministerio de Energía y Minas, incapaz hasta el momento de sancionar las transgresiones de las cinco grandes mineras que arrojan sus relaves al río. Si bien el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) mantiene procesos administrativos contra ellas, lo que la ciudad espera son resultados y saber por qué si esas empresas cuentan con plantas de tratamiento se les permite que descarguen anualmente 22 millones de metros cúbicos de contaminantes.
En segundo lugar, el Ministerio de Vivienda debe explicarnos qué está haciendo para evitar que los desagües de Chosica sigan cayendo en el Rímac, y cuánto ha avanzado para reubicar a las familias que viven al borde de los acantilados, que también contribuyen a esta letrina al aire libre: se descargan por segundo 1.187 litros de aguas residuales domésticas. Por su parte, el Ministerio de la Producción bien podría contestar a los periodistas por qué admite que en Huaycoloro once industrias se burlen de la ley y viertan el agua que utilizan en sus procesos de producción en el siniestrado río, impunemente.
A su turno, los alcaldes cuyas municipalidades tienen jurisdicción en la cuenca, desde Ticlio hasta el Callao, merecen ser sancionados por sus electores en las próximas elecciones de octubre por no haber tomado acción alguna en el proceso de descontaminar, al menos en algo, el Río Hablador, que ahora solo trae inmundicia. En este mar de incumplimientos, delitos e impunidad, tampoco debería llamar la atención que en Carapongo los recicladores de basura laven en las aguas del Rímac las bolsas en las que cargan los desperdicios que recogen en las calles, sin que sean sancionados por la autoridad edilicia.
Con tan fatales ‘insumos’, Sedapal tiene una responsabilidad crucial: garantizar permanentemente a la ciudad que sus procesos de purificación, clorificación y potabilización tengan margen cero de error. De lo contrario, los limeños estarían en riesgo de muerte por envenenamiento todos los días.
Por el momento, resulta indignante que en un país como el nuestro, en el que los fondos públicos siempre son escasos, Sedapal gaste 15 millones de soles anuales porque instituciones y empresas ponen en riesgo la vida de miles de personas y cada día matan un poco a este río Rímac, herido de muerte en un atentado ecológico más que a nadie parece importarle.