Por orden del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, se dispuso este jueves el allanamiento de una empresa metalúrgica ubicada en la localidad bonaerense de La-nús, a los fines de remover los obstáculos de esa compañía existentes en los márgenes del Riachuelo.
Según el magistrado, el objetivo es la liberación del llamado "camino de sirga" y la puesta a disposición de esa zona en forma inmediata y efectiva al Estado, para "evitar nuevas usurpa-ciones". Ello, en virtud de la exigencia de que los propietarios de tierras que limitan con cursos de agua están obligados a dejar un camino público de 35 metros hasta la orilla (camino de sirga).
Las obras de liberación ya están en marcha y los costos estarán a cargo de la compañía, cuyo predio se encuentra en la calle Carlos Pellegrini al 3900, en aquella localidad.
En concreto, la finalidad es el retiro de un muro que se encuentra en el frente de la empresa y los portones de acceso, la reubicación de una estación transformadora de energía eléctrica y de medidores de gas y la remoción de un estacionamiento, se informó desde el juzgado.
Se indicó que hasta el momento se retiró parte del muro, mediante la utilización de una pala mecánica, y se instaló un alambrado perimetral. Los trabajos se continuarán sin pausa y en los días subsiguientes, se agregó.
El allanamiento se llevó a cabo por personal de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), conjuntamente con Prefectura Naval Argentina.

Celeridad
Vale recordar que semanas atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado apurar la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo y multar a los funcionarios públicos res-ponsables que incumplan con las obligaciones encomendadas, tras dos años de la sentencia que ordenó el saneamiento integral de la cuenca.
"Transcurridos dos años desde ese pronunciamiento, y a pesar de los continuos requerimientos efectuados por el juez delegado, se advierten incumplimientos que no han sido debidamen-te justificados, circunstancia que obliga a esta Corte Suprema a encomendar al referido magistrado que adopte las medidas necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sen-tencia", señalaba la Corte en su resolución.
La sentencia de la Corte data del 8 de julio de 2008, con la que ordenó que se resuelva de modo definitivo la prevención y recomposición ambiental de la cuenca "Matanza-Riachuelo", y le atribuyó al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, la competencia de la causa.
"Que en la referida sentencia esta Corte determinó que la autoridad obligada a la ejecución del programa y responsable de su cumplimiento oportuno, es la Autoridad de Cuenca contem-plada en la ley 26.168", destacó la Corte en la resolución.
Y atribuyó al "el juez delegado" para que tome "todas las medidas" necesarias "para la ejecución de la sentencia". Y recordó que se encuentra "investido por esta Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la persona del Presidente de la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) y de los demás funcionarios involucrados por mandatos específicos y determinados".
"En forma inmediata y bajo apercibimiento" de sufrir sanciones, la ACUMAR deberá instrumentar " un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos actualizados" de las tareas que se realizan, determinó la resolución.
En cuanto a las demoras en el saneamiento de basurales, agua potable, cloacas y contaminación industrial, que el juez Armella ya había reclamado en junio, la Corte señaló que la ACU-MAR deberá "identificar con precisión las causas y los funcionarios involucrados" en el incumplimiento del fallo de la Corte.
El fallo fue firmado por los siete jueces de la Corte Suprema de Justicia, que son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay.