Fue otro paso para reafirmar que el conflicto binacional por las plantas de celulosa es cosa del pasado: los cancilleres de Uruguay y de la Argentina estamparon ayer su firma en el documento sobre los controles ambientales conjuntos sobre el río Uruguay, incluso dentro de la fábrica de la polémica: la planta de pasta de celulosa de la finlandesa UPM, ex Botnia. Pero eso tendrá sus límites.
"Para nosotros está terminado el conflicto con Uruguay", dijo el canciller argentino Héctor Timerman, tras la reunión que mantuvo con su colega oriental Luis Almagro, en el Palacio Santos, sede la diplomacia de este país.
El acuerdo que fue formalizado con notas reversarles implica la creación de un comité científico que funcionará en la órbita de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y que estará compuesto por dos representantes científicos de cada país.
Esto es fruto de que el gobierno de José Mujica cedió a la pretensión argentina de que los controles llegaran incluso al interior de la fábrica, pero también con los límites que puso el gobierno uruguayo. Los controles no los harán los científicos de ambos países, sino el mismo órgano que lo venía haciendo hasta ahora.
El monitoreo ambiental, cuando sea en territorio uruguayo, estará a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), un organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y el papel del comité de científicos será el de acompañar esa tarea.
Este nuevo comité mantendrá la primera reunión pasado mañana en la CARU. Representarán a la Argentina los científicos Juan Carlos Colombo y Guillermo Lyons, mientras que los investigadores designados por el Uruguay serán Eugenio Lorenzo y Alberto Nieto.
A partir de ese encuentro de autoridades y técnicos, los especialistas tendrán dos meses para definir el proyecto concreto del monitoreo y otro plazo mayor, de 150 días, para establecer un plan de monitoreo integral del río Uruguay.
"Hemos dado un paso muy fuerte para terminar de saldar este tema", dijo el canciller uruguayo Almagro, luego de la reunión con su colega argentino Timerman. Y expresó su "alegría" por "haber culminado un proceso largo e importante".
La negociación fue trabajosa y con la sombra de un posible fracaso, ante las posturas intransigentes que se sucedieron en el tiempo. El anterior presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, había definido que no se haría negociación alguna mientras el puente entre Fray Bentos y Gualeguaychú estuviera cortado por los militantes entrerrianos que rechazan la fábrica de celulosa. Pero Mujica apeló a su capacidad de negociación y aprovechó el empuje dado por el fallo de la Corte de La Haya para encontrar un camino de acuerdo. Su amistad política con los Kirchner y la necesidad de ambos gobiernos de dar por terminado el conflicto derivaron en la solución que ayer quedó documentada.

El comienzo
Los controles comenzarán sobre la fábrica instalada en Fray Bentos (UPM, ex Botnia) y luego seguirán del lado argentino. "El objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en las resultantes en el río Uruguay", indica el texto. No está previsto para cerrar Botnia si contamina, sino para tomar las "medidas pertinentes" si se observa alguna irregularidad.
La responsabilidad operativa de los controles quedará a cargo de Dinama. El acuerdo establece que "el Comité Científico ingresará a la Planta Orion (UPM, ex Botnia) acompañando a la Dinama, para desarrollar las determinaciones y toma de muestras de los efluentes", que serán realizadas por la delegación uruguaya y no por el comité científico.
Se aclaró en el acuerdo que se entregará copias a los científicos y se restringirá el ingreso a la planta del nuevo comité "hasta doce veces por año".

LOS CONTROLES
El acuerdo. Los cancilleres de Uruguay y de la Argentina estamparon ayer su firma en el documento sobre los controles ambientales conjuntos sobre el río Uruguay.
El comité científico. El convenio implica la creación de un comité científico que funcionará en la órbita de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y que estará compuesto por dos representantes científicos de cada país.
Límites. El monitoreo ambiental incluirá la toma de muestras en Botnia. Pero, como cada vez que se hagan controles en territorio uruguayo, estará a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Los científicos argentinos podrán acompañar.