Los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro rubricaron ayer en el Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, un documento en el que acordaron los términos del monitoreo conjunto dentro de la planta de UPM (ex Botnia), en su de potencial influencia y en otros varios tramos del curso de agua compartido por Argentina y Uruguay.
En las declaraciones que hicieron al finalizar el encuentro, ambos ministros dejaron traslucir la idea de que, tras siete años, el conflicto por la instalación de UPM en las cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos “se ha saldado”. Timerman fue más allá y aseguró que este acontecimiento, “se convertirá en un hito del cuidado del medioambiente, instancia que será motivo de elogios por parte de todas las organizaciones dedicadas a su cuidado”.
Para empezar a poner en marcha estos controles acordaron que este jueves, en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), se reúnan los cuatro especialistas (dos designados por el gobierno argentino y dos por su par uruguayo, que conforman el Comité Científico creado por los presidentes Cristina Fernández y José Mujica en la reunión de Olivos del pasado 28 de julio), quienes tendrán un plazo de 60 días para planificar y definir pautas de una agenda primaria de trabajo, y de 150 días para elaborar un cronograma definitivo de actividades.
La planta de UPM será el primer lugar que se controlará . Bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA), el Comité Científico tendrá la posibilidad de ingresar a la fábrica productora de pasta de celulosa un máximo de doce veces al año, y monitoreará también los efluentes líquidos y emisiones gaseosas que, provenientes de UPM, lleguen al río.
Si bien no trascendió información de para cuándo se estima el comienzo de estas acciones, Almagro confía en que puedan hacerse efectivas antes de dos meses. En UPM, ante la pregunta de Clarín , su vocero aseguró no conocer los plazos.
Luego de UPM y adyacencias se monitoreará la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay, y posteriormente todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río que sirve como límite natural para los dos países, y a sus áreas de influencia.
El objetivo común de estos monitoreos es poder “alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en las resultantes en el Río Uruguay, a fin de que las autoridades competentes adopten las medidas pertinentes”.
Antes de ingresar al Palacio Santos, al ser consultado por los medios locales, Timerman dijo que la reanudación de los cortes que empezará el domingo la asamblea de Gualeguaychú “son innecesarios, que los va a resolver la justicia” , y que en su calidad de canciller apoyará cualquier decisión que ese tema tome la justicia argentina.
“Pero estoy seguro que cuando los vecinos de Gualeguaychú tenga la oportunidad de estudiar las directivas que hemos dado hoy (por ayer) y que vean el trabajo del Comité Científico no va a quedar ninguna duda de que el interés por el control es que prima por sobre cualquier otro interés”, agregó. De la reunión de ayer también surgió que los cancilleres se reunirán cada 60 días para tratar temas de la agenda bilateral, que habrá una instancia de consulta entre los vicecancilleres y que los presidentes establecerán un número mínimo de reuniones por año.