Según el criterio del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha, no está dicha la última palabra en el diferendo entre la Compañía de Aguas del Aconquija (CAA) y Tucumán. El Estado nacional, de acuerdo con el funcionario, guarda tres ases en la manga. Da Rocha vino a Tucumán a participar de la jornada en homenaje por el Bicentenario del natalicio de Juan Bautista Alberdi que, por medio de la realización de varias mesas panel, se realizó ayer en la Casa de Gobierno.
Tras haber inaugurado el acto, el funcionario habló sobre el reciente laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra la Argentina (era la parte demandada), que obligaría a Tucumán a pagar una cifra que podría llegar a los U$S 200 millones, según el ministro de Economía, Jorge Jiménez.
El 10 de agosto se conoció el veredicto del órgano dependiente del Banco Mundial, que rechazó un planteo de nulidad que había promovido Argentina en 2007. El país había realizado la presentación tras un laudo adverso en la causa impulsada por el grupo francés Vivendi, que controlaba a la CAA.
El litigio se originó en 1996, durante el gobierno de Antonio Bussi, y terminó con la rescisión del contrato (a la CA) de concesión del servicio de agua potables y cloacas. La compañía responsabilizó al Gobierno provincial de haber alterado un contrato pactado por un lapso de 30 años.

Una cuestión táctica
El Estado argentino había planteado la nulidad del laudo dictado el 20 de agosto de 2007 por un tribunal constituido por el canadiense William Rowley (presidente), la suiza Gabrielle Kaufmman-Kohler y el mexicano Carlos Bernal Verea.
Da Rocha hizo un repaso de los últimos pasos del proceso. "Respecto de aquel laudo, habíamos plateado que un integrante del tribunal tenía vínculos con la empresa reclamante, y esto hacía que no pudiera considerarse imparcial", esgrimió. Según la Argentina, Kaufmman-Kohler integraba el directorio del banco suizo UBS, entidad que tenía acciones en Vivendi.
De todos modos, no es el único vicio que Da Rocha encuentra en el proceso. "Nuestro planteo no fue considerado por la comisión ad hoc de anulación; pero uno de los miembros denunció haber sido presionado por autoridades del Ciadi. Y, aunque no ahondó, dio a entender que no se pronunciaron con la independencia con que debe hacerlo un tribunal", advirtió.
Pese a que la decisión de aquella comisión es irrecurrible, el funcionario precisó que estas presuntas irregularidades confirieron a la Nación tres alternativas extras, dentro y fuera del Ciadi. "Concurriré personalmente al organismo a expresar nuestra queja y plantearé nuestro desagrado. No nos consideramos en condiciones de aceptar lo que este arbitraje resolvió, atento a la falta de objetividad", alertó.
En el marco de un tratado celebrado entre la Argentina y Francia, se realizará una presentación ante el gobierno de ese país, dado que Vivendi está conformado por capitales galos. "Si Francia no recepta esta queja, no descartamos acudir a la Corte Internacional de Justicia (de La Haya); entonces, por un conflicto entre los dos países", advirtió

Dos precedentes recientes podrían fortalecer la posición jurídica argentina
Entre junio y julio hubo dos laudos favorables.
A principios de este mes, se conoció un laudo arbitral tan contundente como definitivo para la Argentina y, por extensión, para Tucumán: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó un planteo de nulidad que había interpuesto la Nación hace tres años.
Era la última instancia de un proceso que se remonta a la rescisión (en 1996) de la concesión del servicio de agua potable y cloacas, que se había otorgado durante 30 años a la Compañía Aguas del Aconquija (subsidiaria de la empresa francesa Vivendi). No obstante, el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha, adelantó que cuentan con un plan, que incluye hasta tres fases, con el fin de torcer el laudo.
LA GACETA preguntó al funcionario si es dable esperar que el Ciadi revierta el pronunciamiento o, al menos, que fije que la Nación debe pagar menos de U$S 200 millones, según los cálculos del ministro de Economía, Jorge Jiménez. "En general, el Ciadi fue negativo respecto de la Argentina y de los países contra los que inversores entablaron acciones. Pero dos meses atrás, fueron dictadas en segunda instancia -o sea, sin que sea posible recurrirlos-, dos pronunciamientos memorables (a nuestro favor). En ambos casos fueron anulados los laudos de primera instancia que habían condenado a la Argentina", contestó.
En los últimos días de junio, el Ciadi dejó sin efecto un laudo por unos U$S 128 millones contra Argentina, por una causa iniciada por la firma Sempra Energy (EE.UU.). A fines de julio, anuló una indemnización que obligaba a pagar U$S 106 millones a las multinacionales Enron Creditors Recovery Corp y Ponderosa Assets L.P.
Da Rocha explicó que el cambio de criterios del Ciadi se debió a que consideraron que la Argentina había actuado legítimamente y en estado de emergencia en el momento en que ocurrieron los hechos: los años 2001 y 2002. Además, se mostró optimista respecto de que pudiera ocurrir algo similar en la causa impulsada por Aguas del Aconquija. "Esta es una tendencia jurisprudencial novedosa en el Ciadi que, de aplicarse en este caso, podría dar lugar a un pronunciamiento distinto", aseveró.

Aún no se sabe el monto final de la indemnización
Cuando se conoció el revés de la Argentina en el proceso llevado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -dependiente del Banco Mundial- se habló de la obligación de pagar U$S 170 millones. En principio, el grupo francés de medios y telecomunicaciones Vivendi -del que es subsidiaria Aguas del Aconquija- debía recibir U$S 105 millones que, sumados a los intereses y a las costas legales, arrojaba los U$S 170 millones.
Sin embargo, días después de haberse conocido el laudo, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, sugirió que la deuda podría superar ese monto. Lo manifestó tras haberse reunido en Buenos Aires con el secretario de Hacienda de la Nación, Juan Carlos Pezoa, para buscar una forma de refinanciamiento. "Seguramente, esa cifra tiene algún aditamento que no nos fue informado", dijo y estimó que el monto rozaría los U$S 200 millones.
LA GACETA le preguntó al procurador del Tesoro de la Nación de cuánto dinero, finalmente, se trata. "No puedo decir cuál es la cifra, porque, si bien el laudo hizo lugar a la demanda, no lo hizo en función de la totalidad de los items que se reclamaban, sino de uno sobre tres. Esto trae aparejado que también se reducirían los montos. Pero esto no fue determinado", afirmó.
Da Rocha agregó que el total se conocerá luego de que la parte demandante concrete una presentación. "Se trata de un detalle de los daños que dice haber sufrido para que pueda determinarse exactamente el monto. De cualquier modo, no estamos hablando de algo inmediato, sino de futuro: de meses o de años; sobre todo, a partir de los planteos que formalizará la Argentina ante el Ciadi", precisó.

Queja a Francia por Aguas del Aconquija
Advertencia del procurador del Tesoro
Aún no está dicha la última palabra en el litigio entre Tucumán y la Compañía de Aguas del Aconquija (CAA). Este es el mensaje que dejó ayer el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín da Rocha. El titular del cuerpo de abogados del Estado anticipó que concurrirá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, donde se dirime la disputa, para quejarse por la supuesta parcialidad de uno de los miembros de la comisión que rechazó un planteo argentino. También dijo que formalizarán un planteo ante el gobierno francés, dado que el Grupo Vivendi (del que dependía la CAA) está formado por capitales galos.