El canciller Héctor Timerman y su par uruguayo, Luis Almagro, firmaron ayer en Montevideo el acuerdo que establece las pautas del monitoreo ambiental conjunto del río Uruguay y de la pastera Botnia-UPM. El plan, basado en los lineamientos consensuados entre los presidentes Cristina Fernández y José Mujica el pasado 28 de julio, prevé el ingreso a la pastera para la toma de muestras y un control sobre toda la cuenca del río compartido. Almagro confirmó que el comité científico estará listo dentro de 60 días para comenzar los controles, que se extenderán también a la desembocadura del río Gualeguaychú, del lado argentino. Timerman, por su parte, volvió a cuestionar las medidas de protesta decididas por los asambleístas en disconformidad con lo acordado y suspendió la visita que tenía previsto realizar a la ciudad entrerriana en tanto no modifiquen su actitud.
El canciller argentino señaló que el acuerdo alcanzado ayer con Uruguay marcará un “hito en el cuidado del medio ambiente y será motivo de elogios por parte de especialistas”. Así lo aseguró tras el almuerzo que compartió con Almagro en el Palacio Santos, sede de la Cancillería uruguaya. Los científicos, dos por cada país, tendrán sesenta días para elaborar un primer proyecto de monitoreo y 150 días para presentar el proyecto integral, que abarcará a la pastera, el cauce del río Uruguay y a otros establecimientos ubicados en ambas márgenes del río. Tal como acordaran en la reunión de Olivos los mandatarios de ambos países, el objetivo del monitoreo será dar cumplimiento al fallo dictado por la Corte de La Haya con respecto al control sobre la pastera y sobre el cauce compartido.
El plan contempla el ingreso al interior de la planta de celulosa hasta doce veces por año para la toma de muestras y un análisis sobre la zona de potencial influencia de UPM en el río Uruguay. Esto incluye también el seguimiento y control “de todos sus efluentes líquidos y emisiones gaseosas”, dentro de la planta y en el predio de la misma. Para ello se utilizarán los parámetros definidos por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la normativa “que Uruguay ha dispuesto en su jurisdicción para proteger y preservar el medio acuático”. Este, quizás, es el punto más resistido desde Gualeguaychú, que acusa a la Dinama –el organismo de control de medio ambiente oriental– de ser permisiva en sus lineamientos. El comité científico –para el que Argentina designó a los especialistas Juan Carlos Colombo y Guillermo Lyons– deberá informar mensualmente sus hallazgos a la CARU, que será la encargada de elevar al Estado parte cualquier incumplimiento de la normativa para que “implemente las acciones pertinentes”. La Dinama tomará muestras por duplicado del lado uruguayo y le entregará una en el acto al comité científico para su análisis. Idéntico proceso se aplicará cuando las industrias sean argentinas, y la Secretaría de Medio Ambiente sea la que tome las muestras.
El plan contempla que las modalidades de monitoreo “se prolongarán sin interrupción en su ejecución en el tiempo”, salvo que la CARU decida lo contrario. También se señala que “el objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas”. Este punto intenta satisfacer el pedido de los ambientalistas de poder notificar episodios de contaminación específicos, que han denunciado en relación con la actividad de la pastera. También se prevé la utilización de sensores para medir las emanaciones, y la difusión de la información recabada “respetando los tiempos científicos”.
Timerman se mostró contrariado por las medidas dispuestas por los asambleístas para expresar su disconformidad. Indicó que “mientras haya protesta” no se reunirá con los ambientalistas, con lo que dio por suspendida la visita a Gualeguaychú que les había prometido.