El Gobierno y la oposición aplazaron la discusión del plan de gestión e inversiones de la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) Sociedad Anónima –remplazará a Obras Sanitarias Mendoza– para más adelante. Por ahora, la clase política mendocina con representación legislativa corre contra reloj para terminar de darle una estructura a la nueva empresa, que indefectiblemente entrará en funcionamiento el 28 de setiembre.
¿De dónde saldrán los $20 millones que se necesitan con urgencia para evitar que estalle una crisis en la provisión de agua, que el Gobierno descuenta que se presentará durante el verano, y los $200 a $500 millones que se necesitan para diagramar un plan de obras futuras que solucione los problemas generados por la desinversión en el sistema provincial de agua y saneamiento de los últimos años? Sobre esto no hay respuestas aún.
El Gobierno y la oposición no atenderán estas cuestiones estratégicas hasta después de estructurar la nueva compañía estatal, esto es, darle forma al directorio y a la composición accionaria de AYSAM, una prioridad establecida por la caducidad de la intervención a OSM, que está fijada para el 27 de setiembre.
Ayer, los legisladores abocados al tema agua y saneamiento se reunieron con Fernando Simón, secretario legal y técnico de la Gobernación, para acordar criterios. Al término del cónclave, la idea reinante fue que el miércoles 8 de setiembre se vote en Diputados la ley que estructurará la nueva empresa, mientras que el plenario del Senado podría tratar el tema un día después en una sesión especial o bien el martes 14 en la sesión ordinaria correspondiente a ese día.
Aunque no quedó saldada la discusión, habría un principio de acuerdo entre la oposición y el oficialismo respecto de la conformación accionaria que tendrá la empresa. En ese sentido, hay una contradicción entre la idea que tenía el Gobierno y la propuesta por el senador radical Juan Carlos Jaliff.
El Ejecutivo había planeado una conformación accionaria según la cual el 90% del paquete correspondiera al Estado y el 10% a los empleados. Jaliff propuso distinguir las acciones en tres clases: A, B y C. Las primeras constituirían el 60% del paquete total, estarían destinadas al Estado y serían intransferibles; las segundas conformarían el 10% y estarían a cargo de los empleados, mientras que las terceras serían el 30% del total y estarían en poder del Estado, aunque sujetas a futuras negociaciones con capitales privados.
Jaliff explicó que su idea se sustenta en la intención de “evitar que en el futuro la empresa pueda ser pasada a manos privadas sin más trámites que la venta de acciones”.
Con la composición que propone Jaliff, sólo sería negociable el 30% de las acciones.
Simón aseguró: “El esquema que plantea Jaliff es distinto al que nosotros pensamos, pero no creo que tengamos problemas para ponernos de acuerdo”.
Ambos coincidieron en que antes del 27 de setiembre estará aprobada la nueva estructura.

Congelados
Frente a las críticas de la oposición respecto de la falta de austeridad en la intervención estatal a OSM nombrada por Celso Jaque, el Gobierno incluyó una cláusula legal para que la nueva empresa de agua y saneamiento no pueda incrementar la planta de personal hasta después de las elecciones del 2011.
Según esta iniciativa, el número de empleados queda congelado al 1 de julio de este año. Así lo confirmó ayer en la Legislatura el secretario legal y técnico de la Gobernación, Fernando Simón.

Se discute el directorio
El radical Juan Carlos Jaliff explicó que su partido cree que la oposición no debe poner ningún director. Entonces, en su esquema, dos cargos en el directorio serían para el Ejecutivo, un lugar le correspondería a la representación de los trabajadores y el último cargo sería para el poseedor de las acciones C.
El Gobierno ideó un esquema de empresa con siete directores, para que dos de estos cargos sean ocupados por la oposición; cuatro le corresponderían al partido que gobierna la provincia y el restante al sindicato, que actuaría en representación de los trabajadores de la nueva empresa.