Los diputados nacionales Fernando “Pino” Solanas y Fernanda Reyes convocan a la Audiencia Pública para hoy a las 18, en la sala 1 del Edificio Anexo de Diputados.
Solanas estará acompañado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de quien declaró tener "posiciones antagónicas".
Además asistirán los legisladores Alcira Argumedo, Jorge Cardelli, Liliana Parada (Proyecto Sur), Adrián Perez, Elsa Quiroz, Héctor Toty Flores, Susana García, Griselda Baldata (CC), Eduardo Macaluse, Verónica Benas (Sí por la Igualdad), Cecilia Merchán (Libres del Sur), Ricardo Cuccovillo (PS) y Horacio Alcuaz (GEN).
La norma impulsada por el bloque de centroizquierda liderado por Fernando “Pino” Solanas busca eliminar la utilización de sustancias químicas contaminantes (cianuro, cianuro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, entre otros), en la actividad minera. Además, prohíbe “para la prospección, exploración o explotación minera” la utilización de ríos, arroyos y cualquier vertiente o depósito natural de agua, superficial o subterráneo, derretimientos de glaciares, de áreas periglaciares, y cuerpos de hielo de cualquier tipo o formación.
El proyecto también apunta a la responsabilidad de las empresas que ya hayan utilizado este tipo de sustancias. Para eso establece que serán las encargadas de la “realización de un monitoreo trimestral de la zona”, a partir de la puesta en vigencia de la ley, “durante todo el período de explotación y hasta cinco años después del cierre o abandono de la explotación”. “Las empresas serán directamente responsables del saneamiento y reparación”, establece el texto.
De aprobarse la ley, los propietarios, concesionarios, sus representantes y directivos responsables de las explotaciones mineras serán solidariamente responsables con las empresas mineras, y res-ponderán con su patrimonio por los daños ocasionados y los costos de la remediación e indemnizaciones corres-pondientes, sin perjuicio de las acciones penales que puedan corresponder.
Las empresas que no cumplan lo establecido deberán abonar una multa diaria equivalente a mil sueldos mínimos de la Administración Pública Nacional. El plazo para adecuar los procesos a las nuevas previsiones es de 3 meses a partir de la publicación de la norma.