El secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, deberá pagar de su bolsillo 4000 pesos por día por no haber cumplido cuatro plazos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del plan de saneamiento del Riachuelo.
Así lo ordenó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de ejecutar la sentencia del máximo tribunal, quien lo condenó por no haber puesto en marcha un sistema internacional de medición, un mecanismo de información pública, las pautas fijadas sobre contaminación de origen industrial y el saneamiento de basurales.
Por cada uno de estos incumplimientos el funcionario deberá pagar desde hoy una multa diaria de 1000 pesos que sólo cesará cuando se ponga en marcha la obligación requerida por la Justicia. El juez otorgó a Bibiloni 48 horas para que ese depósito se haga efectivo. Una vez cumplido ese tiempo sin que se haya registrado el pago se le será embargado el equivalente a la multa en su sueldo.
Cabe recordar que la Corte había ordenado a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño hace dos años y dos meses a diseñar y ejecutar un plan de limpieza integral del río más contaminado de la Argentina.
Después de varias sentencias que advirtieron sobre los incumplimientos del organismo tripartito de ejecución del plan, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, el juez impuso la multa pecuniaria, prevista por el máximo tribunal como una de las posibles sanciones.
El fallo sostiene que respecto de la erradicación de basurales a cielo abierto, lejos de haber desaparecido, han aumentado y ordena a los intendentes de los 14 partidos de la cuenca; al ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli; al jefe de gabinete de ministros bonaerense, Alberto Pérez, y al presidente de la Coordinadora Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), Raúl de Elizalde, a cumplir con el fallo en 10 días so pena de ser condenados a pagar 1000 pesos diarios.
De comprobarse nuevamente un incumplimiento, después de los plazos previstos, la multa subirá a $ 2000 diarios, según lo dispuso Armella.
La sentencia también otorga a los mismos actores un plazo de 30 días para introducir en la cuenca nuevas tecnologías en lo que se refiere a la disposición de residuos e impone un plazo de 15 días a Agua y Saneamiento SA (AySA) y Aguas Bonaerenses (ABSA) para que cumplan con los mandatos establecidos en lo que respecta a la instalación de cloacas y del sistema de saneamiento.
En el cuerpo colegiado, conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y por varias ONG, hubo satisfacción.
"La sentencia es consistente y va en orden con los señalamientos de la Defensoría nacional a lo largo de dos años", indicó el adjunto 1° a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella.
En opinión de Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, "era una medida necesaria e imprescindible en la causa".
"La aplicación de estas multas nos parece un paso decisivo para cortar la desidia que existe en la gestión de esa cuenca; esperamos que esta nueva medida impulse a nuestras máximas autoridades gubernamentales a tomar una real voluntad política para sanear de una vez por todas el Riachuelo", manifestó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.
LA NACION intentó dialogar con Bibiloni, pero el funcionario se negó a realizar declaraciones. Tampoco hubo respuesta por parte de los voceros de la Acumar. El funcionario sólo podría apelar la medida presentando un recurso extraordinario ante la Corte, el mismo organismo que determinó los plazos y los castigos por su incumplimiento.