El lunes, el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha, aseguró que aún no está dicha la última palabra en el diferendo entre la Compañía de Aguas del Aconquija (CAA) y Tucumán. Sin embargo, el gobernador, José Alperovich, no se mostró ayer tan optimista. "La deuda está y hay que arreglarla", alertó.
Da Rocha se había referido al reciente laudo pronunciado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra la Argentina (era la parte demandada), que obligaría a Tucumán a pagar una cifra que podría llegar a los U$S 200 millones, según los cálculos oficiales.
Fundamentalmente, el funcionario adelantó que recurriría ante el Ciadi por supuestos vicios en la conformación del tribunal que debía resolver un planteo de la Argentina. Asimismo, el titular del cuerpo de abogados del Estado consideró que se podría llevar el litigio hasta la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
No obstante las gestiones que puedan concretarse en la órbita internacional, Alperovich prefiere ser precavido, según se induce de sus declaraciones. "Hablé con (el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos) Zanini para ver si puede hablar con el ministro de Economía (Amado Boudou) con el fin de que nosotros empecemos a pagar y a refinanciar esta deuda a 20 años", precisó.
Luego, se refirió a las alternativas expuestas por el procurador del Tesoro de la Nación. "El dice que recurrirá (el laudo) y que, probablemente, acuda a la Corte de La Haya, lo que va a demandar tres o cuatro años más. Según el Procurador, hay una nueva instancia. El no está de acuerdo con el laudo que se ha dictado", explicó.
El litigio se originó en 1998, durante el gobierno de Antonio Bussi, y terminó con la rescisión del contrato de concesión del servicio de agua potables y cloacas que explotaba la Compañía Aguas del Aconquija. La empresa responsabilizó al Gobierno provincial de haber alterado un contrato pactado por un lapso de 30 años. El veredicto del órgano dependiente del Banco Mundial, que rechazó un planteo de nulidad que había promovido Argentina en 2007, se conoció el 10 de agosto.