A fines de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la llamada ley de glaciares por expreso pedido de los gobernadores que ofician de representantes de las compañías mineras extranjeras, confiada en que la medida iba a pasar sin pena ni gloria, tal como sucedió con las leyes que rigen la actividad desde la década de 1990.
En diciembre de 2009, en las afueras de Andalgalá, Catamarca, cinco personas, con una Bandera Argentina al frente, impedían el avance del proyecto minero Agua Rica y denunciaban la concesión del pueblo entero a otra minera, la empresa Billington. Cuando la protesta empezó a crecer, el gobierno del Frente Cívico -de origen radical- no dudó en reprimir, creyendo que así resolvía el tema.
Hace unos días, en La Leonesa, Chaco, el intendente de la localidad, junto con su esposa, diputada provincial por el justicialismo, y una patota de productores arroceros del lugar, agredieron al investigador del Conicet Andrés Carrasco y a legisladores del Frente Grande y Libres del Sur, antes de que ofrecieran una charla sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana. La Justicia había ordenado suspender las fumigaciones aéreas. El matrimonio apeló a la eficacia del viejo método de "sugestión" para acallar las disidencias.

Cambios en la sociedad. Al final, el veto presidencial difundió la necesidad de proteger los glaciares de la voracidad de las mineras. Hoy, no sólo los ambientalistas denuncian el poder y la impunidad de la minera Barrick Gold, sino también cientos de organizaciones. Gracias a ese debate, logramos la sanción de una nueva ley en Diputados.
A partir de la represión en Andalgalá, ese pueblo se convirtió en un símbolo de dignidad y su lucha es apoyada desde los cuatro puntos cardinales, lo que pone en jaque los proyectos de Agua Rica y de Billington. Su ejemplo sirvió para que más de 30 carreras y universidades -entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba- rechazaran los fondos que les iba a entregar la minera La Alumbrera.
Las agresiones en Chaco hicieron aún más conocida la labor de Andrés Carrasco, que acaba de lograr que se publique su investigación sobre el glifosato. El hecho reveló el doble discurso de un gobierno supuestamente enfrentado con el campo, pero dispuesto a encubrir a quienes protegen esos intereses.
En Córdoba, en la reciente sanción de la ley de bosques, el oficialismo -bajo la amenaza de perder inversiones- permitió que se impusiera la letra de los sectores agrarios y ganaderos del norte provincial y de quienes lucran con el negocio inmobiliario de las tierras. Justamente a ellos, que se han hartado de desalojar a familias enteras de su verdadero territorio, despojándolas de su única fuente de supervivencia. Acompañaremos el pedido de inconstitucionalidad de la ley sancionada.
La representación política de los partidos tradicionales piensa que todo esto no tiene costo alguno; persiste con las recetas de siempre, sin tomar nota de lo que se viene dando en la conciencia del pueblo. Tan atada está a esos poderosos sectores de la economía como desconectada de los profundos cambios que se están dando en la cabeza de la gente en materia ambiental. En el Congreso, hemos presentado proyectos para prohibir la minería a cielo abierto, el uso del glifosato y la fumigación aérea. Confiamos en que esos debates abran mejores posibilidades para pensar un nuevo desarrollo, sobre bases más justas y soberanas. Son, sin lugar a dudas, el mejor sedimento para apostar a un modelo en el que la cobija sea para todos.