La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) inició la aplicación de políticas de control al autoabastecimiento de agua en las áreas otorgadas en concesión o licencia a Entidades Prestadoras de Servicios de Agua (EPSA), las que ahora deben regularizar su situación jurídica-administrativa ante esta entidad, según explicó a EL DIARIO, James Ávila.
Empero, como tema recurrente un reporte de Defensa Civil sostiene que producto de fenómenos naturales como “El Niño” que desde finales del año pasado originó en Bolivia sequías, lluvias, granizadas y heladas, un total de 57 mil familias se vieron privadas de acceso al agua potable.
La pérdida en la actividad agrícola por la falta de recursos hídricos afectó a 44.143 mil hectáreas de cultivos, lo que ocasionó también la muerte de 5.018 cabezas de ganado, sólo entre agosto y noviembre del pasado año.
En seis meses sequía privó a 57 mil familias del derecho al agua
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico adelantó la aplicación de políticas públicas para frenar la crisis.
Un reporte de Defensa Civil afirma que producto de fenómenos naturales como “El Niño” que desde finales del año pasado originó en Bolivia sequías, lluvias, granizadas, heladas y un total de 57 mil familias afectadas que se vieron privadas de acceso al agua potable.
Bolivia es un país en vías de desarrollo, con elevados índices de pobreza. Por lo mismo, su acceso al agua dulce no es total y, en esas condiciones, se hace mal uso del líquido elemento.
La pérdida en la actividad agrícola por la falta de agua afectó a 44.143 mil hectáreas de cultivos lo que ocasionó también la muerte de 5.018 cabezas de ganado, entre agosto y noviembre del pasado año.
El reporte también afirma que de las personas damnificadas una gran mayoría se encuentra en el departamento de La Paz, poco más de 39 mil familias, lo que significa el 68,4% del total.
Asimismo, pese a que oficialmente se aseguró que Bolivia tiene garantizada agua potable sólo por unos 50 años, en La Paz el 25% del agua potabilizada es derrochada por el mal uso, en El Alto, esta cifra sube a 40%.
USO ADECUADO Y SUSTENTABLE
Regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos son políticas anunciadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), según adelantó ayer a EL DIARIO el director ejecutivo de esta entidad James Ávila.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Explicó que ahora es obligación de todas las personas naturales y jurídicas que cuenten con el ‘sistema de autoabastecimiento’ de agua en las áreas otorgadas en concesión o licencia a entidades Prestadoras de Servicios de Agua EPSA, deben regularizar su situación jurídica-administrativa presentando ante la AAPS la autorización respectiva con la que operan su ‘sistema de autoabastecimiento’.
Los sistemas hídricos, deben administrarse buscando su mayor eficiencia y eficacia, tanto en la dimensión económica, como institucional y política.
“El aprovechamiento del recurso debe ser racional, equitativo y productivo de acuerdo a su función social teniendo en cuenta el bienestar de las actuales y futuras generaciones; en ese sentido denunció que según informe, esta instancia detectó el uso ilegal, arbitrario e indiscriminado del agua de parte de empresas e industrias, las cuales sin contar con la autorización del ente regulador ni control del concesionario del servicio de su área, procedieron y proceden a perforar pozos, efectuando una sobre explotación del recurso hídrico”, explicó el entrevistado.
Un aproximado de 25 ingenios mineros, cinco ingenios azucareros, cuatro industrias aceiteras en el Oriente, cinco industrias cementeras, entre otras, hacen uso indiscriminado del agua, a través de sistemas de autoabastecimiento propios y “... no pagaban nada. Existen algunas EPSA que contaban convenios para el control y monitoreo porque necesitan para sus procesos agua de calidad; entonces esta institución mide la calidad del agua, sin existir a nivel nacional ninguna disposición que obligue a regularizar esta situación”, explicó.
DISPOSICIÓN
En el marco de la Ley 1600 de 28 de octubre de 1994 se creó la Superintendencia de Saneamiento Básico que por Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero del 2009 se determina la extinción de las Superintendencia y se procede a la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) por DS 071 de 9 de abril del 2009, transfiriéndole a dicha entidad todas las obligaciones, derechos, facultades y atribuciones correspondientes a los servicios de agua potable y alcantarillado.
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