Luego de las decisiones políticas de transformación del principal operador del servicio de agua potable y cloacas, el sector sanitario de Mendoza transita momentos que pueden ser cruciales. Con esta nota de opinión se pretende poner en la mesa de discusión la información que ayude a enfocar mejor el caso que nos ocupa y fundamente la importancia de profundizar el reordenamiento de dicho sector.
En los '90 hubo en Sudamérica y el Caribe un proceso político general de incorporación del sector privado como inversionista y operador del sector sanitario; fue una estrategia de desarrollo que, se decía, permitiría superar las deficiencias financieras y gerenciales de los prestadores públicos. Ni la Argentina ni Mendoza fueron ajenas a ese proceso. El comienzo del siglo XXI encontró a nuestro país sumido en una crisis cuya magnitud superó los datos macroeconómicos y el cambio de reglas financieras.
Para ilustrar el impacto de esa crisis en el sector sanitario tomaremos 3 ejemplos: los servicios de agua potable de Capital Federal y Gran Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
Es cierto que fue importante el cambio de reglas que significó la sanción de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del régimen cambiario (2002), aunque no lo sufrieron sólo los inversores privados, sino la totalidad de las actividades y el bolsillo de los argentinos.
Ver esa ley, con su efecto pesificador y de congelamiento de tarifas como "el problema" que provocó la salida de los capitales extranjeros del sector sanitario nacional es, cuando menos, un equívoco.
En los casos de Aguas Argentinas SA y Aguas Provinciales de Santa Fe (en ambos el operador técnico era Suez/Agcbar) apenas a meses de haberse iniciado las concesiones (año '93 y '95 respectivamente) había habido renegociación de los contratos y sustantivas modificaciones en términos, metas, niveles de inversión y tarifas.
Este antecedente fue de gran peso cuando después de 2002, concesionarios y concedentes se sentaron a renegociar.
Si le sumamos la comprobación de inexistentes mejoras de gestión y del incumplimiento de los programas de inversiones comprometidas, las fuertes multas aplicadas por los entes reguladores y un cambio en la visión política, se comprende la negativa a otorgarles compensaciones económicas por las consecuencias de la crisis.
Obviamente con reflejos empresarios Suez había puesto presión mucho antes interponiendo acciones ante el Ciadi. Ambos servicios terminaron reestatizados.
En el caso de Mendoza OSM SA -a cargo de la concesión a partir del '98- solicitó en 2002 una revisión extraordinaria de tarifas como consecuencia de la Ley de Emergencia.
Desde un principio la renegociación estuvo a cargo de una Comisión Renegociadora constituida por los ministerios de Ambiente y Obras Públicas y Hacienda, Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado; con el ente regulador con injerencia acotada al proceso de revisión tarifaria y encargado de conformar un Comité Técnico de asesoramiento al que se invitó a participar, designando profesionales y/o asesores técnicos, a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Proceso de Transformación Operativa del Sector Agua Potable y Saneamiento de la Legislatura Provincial.
Fueron varios los poderes del Estado que tuvieron acceso a la documentación y fueron testigos de las distintas alternativas de la misma.
El resultado de ese proceso, que incluyó informes técnicos y económicos del ente regulador, la UNCuyo y la UTN Regional Mendoza, fueron dos cartas de Entendimiento en las que el Estado provincial compensó deudas, flexibilizó términos contractuales y aceptó planes de obras propuestos por el concesionario.
Por su parte, éste último, que en el 2004 había presentado ante el Ciadi un requerimiento de arbitraje de peso no menor en la discusión con el poder concedente descuidaba la infraestructura a su cargo, deterioraba el servicio y llegaba incluso a poner en riesgo la salud de los usuarios, tal como demostró el ente regulador en los fundamentos técnicos de la intervención y como quedó ampliamente acreditado en la Auditoría General Externa realizada por la UNCuyo, que encontró irregularidades jurídico-institucionales, de servicio, técnico-operativas y económico-financieras, incluidos los incumplimientos específicos de la empresa a la 2º Carta de Entendimiento.
Hoy es distinto el contexto político y el entorno jurídico, ocupando un lugar no menor la ley Nº 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. La mayoría de los operadores internacionales que entraron al sector en los '90 se han retirado de la prestación, una gran mayoría de servicios vuelven a manos estatales y se estudia y analiza qué pasó, cómo impactó y cómo aprender de las experiencias.
Es momento de debatir conceptualmente no sólo los aspectos de la nueva SA sino también ajustar el modelo de regulación y control, readaptar los marcos regulatorios y los entes reguladores y trabajar en una agenda del sector cuyos temas no pueden soslayarse y necesitan respuestas a corto plazo: revisar la metodología de revisión tarifaria, sincerar tarifas y sistema de subsidios; como superamos la actual ausencia de planificación para el mantenimiento y expansión de los servicios de agua potable y cloacas en el marco del ordenamiento jurídico imperante (ley 8.051 y ley 6.044); cómo prevemos recursos genuinos para un sector estratégico tanto para mejorar el control como para blanquear necesidades (de las 134 cooperativas y uniones vecinales que prestan servicio, de los 14 municipios que, además de los 3 constituidos como operadores, tienen a cargo servicios en sus territorios).
También son temas de agenda mejorar la regulación e integrarla con el sistema de controles a las empresas públicas y mejorar todos los mecanismos de protección y defensa de los derechos del usuario de rango constitucional (Art. 42 CN).
Por todo esto y porque mi obligación como presidente del ente regulador es mirar más allá de la coyuntura, estoy trabajando en cuál debe ser el nuevo modelo de regulación y control del sistema sanitario dada su especificidad e importancia diferencial para la salud pública y el desarrollo, consciente de que nuestro principal insumo: el "recurso hídrico" es uno de los constituyentes centrales de la ocupación sustentable del territorio.

Las opiniones vertidas en este espacio, no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.