El gobierno de Cristina Kirchner anunció ayer que interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema para frenar el emprendimiento de la represa Ayui Grande, en Corrientes, por posibles daños ambientales severos, aunque ese proyecto es impulsado por una empresa que pertenece al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, por lo cual se interpretó como un nuevo capítulo en la ofensiva de la Casa Rosada contra la prensa.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que no le constaba si Aranda tenía intereses en esa represa. Pero admitió: "Conozco lo que se dice, que hay algún directivo que sería directivo de la firma, pero no conozco el tema, con lo cual no me guío por chusmeríos".
Sólo se atuvo a una argumentación legal. "He interpuesto una cuestión de amparo ante la Corte solicitando una medida cautelar de no innovar respecto del proyecto productivo en Corrientes", informó Fernández en el Salón Sur de la Casa Rosada. "Lo hicimos por un daño ambiental irreversible, además para evitar incurrir en responsabilidades internacionales y garantizar el cumplimiento de la Argentina del Tratado del Río Uruguay", justificó.
Ese tratado es el mismo que, según la Corte Internacional de La Haya, incumplió Uruguay al permitir la instalación de la planta pastera Botnia, que generó un conflicto entre la Argentina y Uruguay.
En rigor, la demanda ante la Corte por Ayuí Grande reclamó que Corrientes paralice todas las obras que se hayan construido en el lugar. "Se pretende que se ordene cesar la actitud y que se haga entrega de toda la información correspondiente para que se analice", dijo Fernández. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, había estado en la Casa Rosada durante la semana, pero no conversó sobre el asunto.
La obra fue impulsada por las empresas Copra SA, de Aranda, y Adecoagro, del financista George Soros. El proyecto, según Fernández, consiste en inundar 8000 hectáreas para fertilizar otras 20.000 donde se cultivará arroz. "No conocemos el impacto ambiental y para eso pedimos el informe", dijo Fernández.
En medio de renovada preocupación oficial por la cuestión ambiental, llamó la atención que no estuviera presente en la conferencia de prensa el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni. El funcionario, que depende de Aníbal Fernández, fue condenado anteayer por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a pagar 4000 pesos diarios por no haber cumplido cuatro plazos impuestos por la Corte vinculados al plan de saneamiento del Riachuelo.
El canciller Héctor Timerman había anticipado hace tres semanas que el Estado se iba a presentar ante la Justicia para detener las obras y había señalado que las empresas involucradas en el proyecto eran de Aranda y de Soros.