El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que el Gobierno presentó ante la Corte Suprema una acción de amparo contra la provincia de Corrientes, en la que pidió “la paralización inmediata de todas las obras” de la represa Ayuí Grande “hasta que se terminen los estudios” de impacto ambiental.
Fernández cuestionó al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, quien pese a los pedidos del Gobierno, dijo, “nunca” presentó los estudios de impacto ambiental. La represa Ayuí Grande tomará agua de un arroyo para regar 15 mil hectáreas de arroz.
Colombi estuvo el martes en la Casa Rosada, donde firmó el convenio de desendeudamiento de su provincia y compartió un acto con Cristina Kirchner.
Frente al embate contra el proyecto, Colombi lo defendió: “Lo apoyamos y vamos a seguir apoyando como a cualquier emprendimiento productivo, agrícola, forestal, ganadero, cítrico u hortícola”, dijo días atrás.
Con el matrimonio Kirchner de descanso en El Calafate, Aníbal F. hizo por la tarde una conferencia de prensa en la Casa Rosada para dar a conocer la presentación judicial. La justificó en la preocupación del Gobierno por los temas ambientales, habló del cuidado de los bosques y de “garantizar el cumplimiento” del Estatuto del Río Uruguay, adonde finalmente desemboca el arroyo Ayuí.
Esto ocurre después de que la Justicia federal dispusiera que el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni –quien depende de Aníbal F.–, deberá pagar de su bolsillo $ 4.000 por día por no haber cumplido plazos impuestos por la Corte respecto del plan de saneamiento del Riachuelo.
Hace dos semanas, el canciller Héctor Timerman anticipó que el Gobierno acudiría a la Justicia para impedir la construcción de la represa.
El proyecto es impulsado por una UTE en la que participan Copra -del directivo del Grupo Clarín, José Aranda-, Pilagá SRL, de George Soros­, Santa Clara, Yuquerí S.A., Tupantuva S.A. y Estancia Ñu Verá de la Familia Serrano.