Héctor Timerman acusó al grupo de vecinos de Gualeguaychú que reclaman medidas contra la pastera UPM (Ex Botnia) de haberse convertido en "protestadores constantes". El canciller hizo esa afirmación ayer, al tiempo que confirmó el inicio de las tareas del comité científico que realizará controles ambientales del río Uruguay y que próximamente -en una fecha no prescisada- ingresará a la pastera de Fray Bentos.
Sin embargo, Timerman consideró que "la mayoría de los vecinos de Gualeguaychú está de acuerdo con el plan" impulsado por ambos gobiernos para el control del río fronterizo, ya que aseguró que el programa "es total y absolutamente a favor del medio ambiente y la vida humana".
Ante las declaraciones del canciller, los asambleístas le aclararon que "mientras siga Botnia la protesta será constante" en Entre Ríos y, uno de sus referentes Martín Alazard, insistió en que "la ciudadanía de Gualeguaychú hace muchos años que está movilizada", según publicó Dyn.
El ministro sostuvo que los gobiernos de Argentina y Uruguay dejaron "todo en manos de los científicos" y garantizó que no dio "ningún tipo de instrucción" a los dos especialistas argentinos -Juan Carlos Colombo y Guillermo Lyons- que forman parte del comité junto a dos representantes uruguayos.
La primera reunión del Comité Científico se llevó a cabo en la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay en la ciudad uruguaya de Paysandú y además de los cuatro científicos participó el secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, confirmaron fuentes oficiales.
La intención es que "trabajen de acuerdo a la ciencia y no de acuerdo a ningún interés político, que no lo hay", manifestó Timerman, y lamentó que entre los asambleístas de Gualeguaychú haya "gente que una vez que se monta en la protesta no puede salir de la protesta, su forma de vida se transforma por la protesta, se convierten en protestadores constantes".
El canciller indicó que el comité trabajará con la información que le enviarán ambos gobiernos y precisó que próximamente "va a ingresar a Botnia (UPM) para ver in situ la situación" ya que, ratificó, esa empresa será la primera en ser monitoreada. De esta manera, estimó, "en 60 días va a empezar el control" a través de la colocación de "los instrumentos necesarios" para recolectar la información requerida y se obtendrá "en breve el primer informe sobre cuál es la situación real".