En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, precisó que se trata de una «medida cautelar de no innovar ante el proyecto», es decir que implica «la paralización inmediata de cualquier obra que se haya iniciado» en la provincia, ya que las obras pueden generar un «daño ambiental irreversible».
«Tenemos la necesidad de garantizar los deberes impuestos del Estatuto del Río Uruguay», indicó Fernández en alusión al proyecto que se atribuye al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda.
Con el antecedente de la polémica generada por la pastera de Botnia, el Gobierno aprovecha la controversia correntina -dice- para «garantizar el cumplimiento de los deberes» del Estatuto del Río Uruguay. Sin embargo, la presunta vinculación del Grupo Clarín con la represa supone una embestida más de la Casa Rosada contra el multimedio en pleno conflicto por Papel Prensa.
La construcción de la represa generó inquietud en Uruguay debido a que se construirá sobre un afluente del río homónimo con la finalidad de crear un lago artificial de 8 mil hectáreas que regará alrededor de 77 mil hectáreas de arroz.
La represa Ayuí Grande, según los argumentos del Gobierno, favorece a los emprendimientos arroceros del financista internacional George Soros y del vicepresidente del Grupo Clarín.
Fernández aseguró que la provincia de Corrientes, gobernada por el radical Ricardo Colombi, «nunca nos ha presentado los estudios respectivos» del impacto ambiental de la represa, que fueron pedidos reiteradamente por el Gobierno nacional.
El canciller Héctor Timerman había anticipado el 19 de agosto que su Gobierno acudiría a la Justicia para impedir que la construcción de la represa se convirtiese en «una nueva Botnia». Y estimó que la construcción de la represa Ayuí Grande en Corrientes constituye «una posible violación al Tratado del Río Uruguay».