El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció ayer que el Estado nacional promueve una presentación con la que intentarán frenar cualquier obra en el arroyo Ayuí, ubicado en el centro del territorio correntino.
En tanto, en Corrientes, los representantes de entidades rurales expresaron que el emprendimiento privado, que destinará una inversión de 60 millones de dólares, cumplió con todas las habilitaciones legales necesarias y defendieron el proyecto porque –entienden– significará un gran impacto en el nivel de la producción.
A poco de conocerse que la Nación recurrió a la máxima instancia judicial por esto, los ruralistas recordaron en declaraciones a la prensa, que se realizaron las audiencias públicas de rigor para el proyecto, los estudios de impacto ambiental y las normativas necesarias para que el uso del arroyo sea avalado como corresponde.
El proyecto de capitales privados es para construir un importante reservorio de agua que permitirá abastecer a las empresas arroceras ubicadas en la zona.
El proyecto se conoció hace cinco años y, hace un mes, en una presentación pública técnicos y funcionarios detallaron el impacto económico.
Algunos dirigentes rurales dijeron ayer que había llamado poderosamente la atención la actitud que tomó el gobierno nacional para con este proyecto, reconocido tanto a nivel local como internacional. Creen que la polémica que lleva el caso a la Corte se debe a una pelea entre la gestión Kirchner y los empresarios a cargo de ejecutar la obra.
En el mismo sentido, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, José Alberto Meabe, en declaraciones a radio La Red, sostuvo que “acá no tenemos que ser víctimas de una pelea entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín” y abogó para que “esto se aclare lo antes posible, porque necesitamos que la provincia avance con el desarrollo productivo”.
El dirigente recordó también que se cosecha arroz hace décadas, sin que hasta ahora esté demostrado un daño irreversible. Pero más allá de eso, resaltó que los organismos de la Provincia avanzaron en todos los pasos necesarios para que la megaobra se encuadre dentro de la legislación correspondiente, con todos los estudios del caso.
Fernández, en tanto, afirmó que el gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia una medida cautelar de no innovar para frenar las obras, basada en los presuntos daños ambientales y en la necesidad de cumplir acuerdos internacionales. “Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos permita evaluar los alcances del emprendimiento”, señaló.