La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná envió a lo larga de la semana cédulas judiciales a los diez integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú que fueron querellados por el Gobierno nacional, pero cuatro de ellos las rechazaron porque sus nombres estaban mal consignados.
Las notificaciones fueron cursadas para que los ambientalistas designen a sus abogados defensores . Es que la Rosada mantiene en pie la denuncia que les imputa la comisión de quince delitos durante los tres años y medio en que mantuvieron cortada la ruta internacional 136, que une a Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a raíz de la protesta contra la pastera Botnia.
Así lo confirmó a Clarín Osvaldo Fernández, uno de los abogados de la Asamblea, quien también integra la lista de ambientalistas querellados por el gobierno. Entre los supuestos delitos que se les imputa figuran los de homicidio culposo, amenazas, apología del delito, sedición y atentados contra el orden constitucional y la vida democrática .
Esa es la novedad que se produjo en la causa que comenzó a tramitarse en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y que desde julio -cuando avanzó el acuerdo entre los gobiernos de ambas orillas- casi no registraba movimientos .
Junto con las notificaciones a los ambientalistas, el martes también se corrió traslado del expediente al fiscal General de la Cámara, Ricardo Álvarez, quien tendrá cinco días para expedirse. Alvarez podrá confirmar o desestimar el planteo efectuado en julio por la fiscal subrogante de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra, quien cuestionó la resolución del juez subrogante Gustavo Pimentel. El magistrado había rechazado el planteo del Gobierno aduciendo que debía tenerse en cuenta “el contexto social imperante” durante la protesta contra la instalación y posterior funcionamiento de la planta de celulosa de la firma Botnia, hoy controlada por UPM.
Neyra compartió el planteo del Ejecutivo al considerar que los asambleístas debían ser citados a declaración indagatoria. Por eso recurrió la decisión de Pimentel y el expediente fue girado a la Cámara de Apelaciones de Paraná. Una vez que Álvarez se expida la Cámara deberá llamar a una audiencia pública de la que también participará la Procuración del Tesoro, por representar a la querella.

Antecedentes
La presentación que hizo en junio el Ejecutivo por el bloqueo del puente fronterizo fue el golpe judicial más fuerte a los ambientalistas de Gualeguaychú.
La denuncia comenzó a ser tramitada por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
La acusación es por 15 delitos, entre ellos homicidio culposo, privación de la libertad, amenazas y extorsión”.

Sin un plan para enfrentar la protesta
Con el regreso de los cortes de ruta todos los domingos en Gualeguaychú, se espera que el Gobierno acentúe su estrategia de criminalizar la protesta de los asambleístas, ejerciendo presión por la vía de nuevas denuncias judiciales, tanto penales como civiles , acorde con el giro oficial operado en junio cuando el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que se presentaría como querellante y diez de los líderes de las protestas de los ambientalistas fueron acusados ante los tribunales federales por entorpecer el tránsito por el paso internacional hacia Uruguay.
En la Casa Rosada daban ayer como “obvio” que se seguiría descartando el uso de la fuerza, un camino que el Gobierno siempre evitó tomar, aun pese a los pedidos judiciales en ese sentido. Y otras fuentes oficiales aseguraron que “no hay un plan específico” para contener la protesta de mañana, en la que los asambleístas volverán a cortar por la tarde la ruta internacional 136, tras la fallida tregua decidida el 19 de junio pasado.
Una fuente de la Gendarmería le dijo a Clarín que hasta anoche no habían tenido “ninguna orden” del Gobierno ni tampoco de la Justicia federal entrerriana de impedir un bloqueo de la ruta en caso que se produzca. En Arroyo Verde, el paraje distante 20 km. de Gualeguaychú epicentro de los cortes, ya no hay una guardia de uniformados en forma permanente pero este domingo la Gendarmería enviará efectivos “para garantizar la seguridad en el lugar.
Los asambleístas suponen que el Gobierno redoblará su ofensiva judicial para presionarlos y creen que mañana se buscará avanzar en “identificarlos” .
Toman como antecedente que hace poco el Gobierno -querellante en la causa que lleva adelante el juzgado federal de Concepción del Uruguay- denunció a media docena de participantes de una caravana en la ruta 14, que sumó así a la decena de voceros y “líderes” de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú que había denunciado en junio.
En el giro de estrategia oficial adoptado en junio, Aníbal F. los acusó de tener una “actitud radicalizada” . El Gobierno insiste en que a partir del acuerdo entre ambos países para el monitoreo del río Uruguay, el conflicto era un asunto “terminado”.
El corte de mañana en Arroyo Verde duraría entre dos y cuatro horas. La misma acción de fuerza seguirá todos los domingos de setiembre, hasta que el 6 de octubre se realice una nueva asamblea “ampliada” para decidir cómo continúan las protestas.