Los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales. En cambio, a la desobediencia se le pueden imputar sanciones de diverso tipo, como por ejemplo multas a fin de que se asegure el respeto a la Justicia y la ley. Justamente, el juez federal del Quilmes dispuso aplicarle una multa al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y también titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, siguiendo la orden de la Corte Suprema dictada por los “incumplimientos injustificados” en el saneamiento de la zona contaminada.
La sanción conminatoria es de cuatro mil pesos diarios, hasta tanto se cumplan cuatro metas pautadas. La medida muestra el rol que puede tener la Justicia en la realización de derechos postergados, desplegando el poder que la Constitución le asigna a la función judicial y recuerda la sujeción de los funcionarios públicos a las normas generales e individuales. Pero también pone de manifiesto la falta de cuidado del medio ambiente.
La Justicia sancionó funcionarios por no cumplir con la orden de saneamiento del Riachuelo. Recuerda que los funcionarios están sujetos a las normas y la falta de cuidado del medio ambiente.
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