Como ocurrió en 2005, cuando se manifestaron en contra de la minería en las inmediaciones de la Laguna del Diamante y lograron que se extendiera el área incluida dentro de la reserva natural, los sancarlinos fueron difundiendo de boca en boca la convocatoria para hoy.
En este caso, el disparador fue que está suspendida la aplicación de la ley que había ampliado la superficie protegida y, además, que se cumplen cinco años de aquella pueblada histórica.
La propuesta es una nueva asamblea popular que se hará en la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos desde las 10 hasta las 17.
A los diversos grupos que fueron recorriendo las calles casa por casa también se sumaron las redes sociales.
Daniel Funes, uno de los Vecinos Autoconvocados por el Agua Pura, explicó que el motivo principal para organizar una nueva convocatoria masiva fue que recientemente se enteraron de que la ley 7.422, que amplió considerablemente la reserva natural Laguna del Diamante, ha quedado suspendida.
Esto, porque el Ejército Argentino presentó un recurso de inconstitucionalidad ya que el área protegida incluye una porción de la estancia Yaucha -terreno de propiedad nacional- y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida de no innovar hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Funes detalló que la pueblada también tiene como objetivo plantear una vez más su oposición a la minería contaminante y demostrar que, pese a que desde el gobierno provincial se ha dicho que sólo manifiestan su desacuerdo los pequeños grupos ecologistas, un amplio cuerpo de ciudadanos comunes está en contra.
Sin embargo, destacó que la movilización será pacífica y que la idea es trabajar de un modo positivo para delinear un proyecto de desarrollo para la provincia que realmente sea sustentable. De ahí que han invitado a legisladores y funcionarios del gobierno provincial para que escuchen sus propuestas.
Desde la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia detallaron que si bien la aplicación de la ley 7.422 está suspendida hasta que la Corte resuelva la constitucionalidad de la normativa, la provincia presentó una propuesta de "compatibilización de objetivos", para que se pueda gestionar en forma conjunta la superficie en litigio.
Este modelo ya fue implementado el año pasado en el Parque Provincial Tupungato, donde el área protegida se superpone con la estancia Gualtallary, propiedad de la Nación y que utiliza el Ejército. Además, participa de las tareas el municipio.
En la actualidad, informaron, la causa se encuentra en estado de alegatos y la alternativa que ofreció Mendoza fue considerada "de interés" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 25 de agosto, Jennifer Ibarra, de Fundación Cullunche, envió una carta a la ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, en la que solicita que se reintegren a la reserva provincial las tierras que el Ejército Argentino excluyó del área protegida.
En el escrito, subraya que se trata de una "superficie necesaria para la conservación de humedales que proveen agua tierras abajo e importantes poblaciones de guanacos, animales emblemáticos en esta provincia".