No cortar el canal de diálogo, evitar ir al choque con las fuerzas de seguridad y esperar que el comienzo del monitoreo conjunto de la planta de UPM (ex Botnia) devuelva la confianza perdida.
Esa es la estrategia del gobierno de Cristina Kirchner ante el primer corte de ruta que hicieron ayer los asambleístas de Gualeguaychú tras el final de la tregua por 60 días que terminó con el corte permanente de la ruta 136, hace dos meses.
La Presidenta, que estuvo el fin de semana en El Calafate, había ordenado antes de partir, el jueves pasado, que la Gendarmería no disuadiera el reclamo que se cumplió ayer durante dos horas, con un nuevo bloqueo en Arroyo Verde, el histórico paraje de los asambleístas.
La idea del Gobierno es mantener un canal de diálogo abierto con los manifestantes, y por eso desde la Casa Rosada apostaron a evitar irritar a los ambientalistas con un megaoperativo de seguridad que les impidiera cortar el puente internacional General San Martín.
Según confió un funcionario a LA NACION, la apuesta del Gobierno para impedir que se vuelva a cortar de manera permanente la ruta será mediante una nueva embestida judicial. La Presidenta, de hecho, mantuvo la denuncia penal y civil que había presentado contra un grupo de manifestantes, en su mayoría los líderes de la protesta, hace menos de tres meses, con lo cual presionó para terminar con el corte permanente.

Nuevas pruebas
A pesar de los pedidos públicos de los asambleístas para que el Gobierno retire la demanda, la orden de la Casa Rosada fue mantener la querella como una manera de ahuyentar la vuelta definitiva al bloqueo.
Incluso el procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha, autor de la presentación en contra de los ambientalistas ante el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, recopiló más pruebas para ampliar la denuncia en caso de que los asambleístas endurezcan su postura. Allí se los acusó de 18 delitos, entre ellos homicidio culposo, además de amenazas agravadas, daños a bienes públicos e intimidación pública.
Ayer, en el Gobierno se mostraron despreocupados por la vuelta de las protestas y celebraron especialmente un dato: la merma de concurrencia.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Seguridad, Julio Alak, monitorearon el reclamo que durante dos horas cortó ayer nuevamente la ruta. Pero la definición de la Presidenta es esperar y dejar que actúe la Justicia.
Aquella presión judicial del Gobierno puso en una encerrona a los manifestantes, que a los pocos días pusieron fin al reclamo a la espera del avance del acuerdo entre Cristina Kirchner y José Mujica.
Por el momento, en Balcarce 50 resistirán el plan de lucha que ayer aprobó la asamblea y pretenden mantener abierto el diálogo. Anoche no se descartaba que Aníbal Fernández pudiera recibir a una delegación de ambientalistas cuando marchen a la Plaza de Mayo, como parte del programa de protestas que aprobaron ayer.
Después de la elección de los dos científicos argentinos que ingresarán a la planta de UPM para realizar el monitoreo ambiental que ordenó la Corte Internacional de La Haya, los asambleístas habían manifestado su rechazo y sus críticas a Timerman, que, según denunciaron, les había prometido mayor participación.
A partir de esos cuestionamientos, en el Gobierno se mueven con cautela. La prioridad es evitar abrir nuevas heridas.