Casi siete meses después de los dos temporales que inundaron varios barrios de la Capital, de los 8100 vecinos damnificados que reclamaron un subsidio al gobierno porteño hasta ahora sólo 163 lo cobraron, o sea, el 2 por ciento del total. En tanto, otros 135 vecinos ya tienen disponible su cheque, pero todavía no lo retiraron, y otros 122 expedientes ingresaron en contaduría para el respectivo proceso de pago, según informó a LA NACION el gobierno porteño.
Aunque las autoridades de la ciudad insisten en que la gran demanda de subsidios por las inundaciones del 15 y 19 de febrero pasado colapsó el mecanismo de verificación de denuncias, admitieron que el retraso es superior al previsto por la superposición de normativas y la falta de inspectores.
Hasta ahora, el gobierno de Mauricio Macri desembolsó 720.602,51 pesos a las 163 personas. Pero la Subsecretaría de Emergencias afirma que resolvió el 25% de los 8100 reclamos. Es que unos 1000 están en proceso de autorización de pago y otros tantos fueron desestimados por diversas irregularidades.
"Distintos cambios en la normativa, como la ley 3405, que modificó la 1575, obligaron a volver a revisar casos que habían sido desestimados. Por ejemplo, a algunos ciudadanos a quienes se les había rechazado el reclamo por no estar al día con los impuestos se les tomó el pedido. Hoy, de los 8100 reclamos presentados se resolvieron más de 2000. El mayor cuello de botella se produce en la auditoría y en la Dirección de Verificación de Inmuebles", dijo a LA NACION el subsecretario de Emergencias de la ciudad, Néstor Nicolás.
Según el funcionario, del total de los reclamos por subsidios, 4500 corresponden a vehículos afectados por el agua, y 3600, a inmuebles. La ciudad dispone este año de 20 millones de pesos para saldar estos subsidios, aunque, según el gobierno, el tope es de 8000 pesos. Si no, no alcanzaría para pagarles a todos", dijo Nicolás.
Hace casi dos meses, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Emergencias, Juan Carlos Cahian, había afirmado a LA NACION que "en 15 días" la ciudad iba a "terminar con la citación de todos los vecinos que reclamaban el subsidio". Esos plazos no se cumplieron, pues aún hay cerca de 3000 reclamos sin verificar.
"Hacemos lo imposible para avanzar rápido: hay entre 70 y 80 arquitectos verificando inmuebles y una veintena de inspectores haciendo lo propio con los vehículos. Además de los 2000 casos ya resueltos, otros 3000 reclamos fueron inspeccionados y el resto aún no fue verificado", dijo Nicolás.
El funcionario agregó: "Hay situaciones en las que es difícil combinar una entrevista con los ciudadanos y por eso les enviamos intimaciones para que se presenten. Y si no responden, se da de baja el reclamo. Se debe tener en cuenta que estos subsidios son paliativos y no para recuperar todo lo perdido".
Para la legisladora María América González (Proyecto Sur), una de las autoras de la ley 3405 (sobre subsidios), aprobada el 8 de abril pasado y publicada en el Boletín Oficial de la ciudad el 26 de mayo, no se cumple con la nueva norma. "Hay una infinidad de reclamos que no fueron verificados en la ciudad. Tengo una demanda penal para hacer contra los funcionarios porteños responsables de cada área, porque no están cumpliendo con la ley", dijo a LA NACION la diputada.
"Los damnificados tienen que saber que si en 30 días después de ocurrido el hecho no les hicieron la correspondiente inspección tienen derecho a cobrar la totalidad del daño que han denunciado. Pongo a disposición de los vecinos mi oficina en la Legislatura [Perú 130] para que presenten los reclamos y así intentar que se haga justicia", dijo González.
Nicolás, en cambio, prometió que para antes de fin de año "se habrán resuelto la mayoría de los reclamos".

POLEMICA POR LAS CITACIONES NO RESPONDIDAS
El subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás, dijo que hay casos de viviendas que no han sido verificadas porque el vecino no respondió al llamado para coordinar una visita y, entonces, se considera que la ciudad no está obligada a pagar el subsidio. Esto fue desestimado por la legisladora América González, que afirma que puede haber "trampas oficiales" para no pagar los reclamos. Según la legisladora, es necesario que la ciudad compruebe que envió las citaciones a los vecinos "porque la desestimación de un reclamo de subsidio debe sustentarse en situaciones reales y concretas, y no en dichos".