La ruta estuvo cortada entre las 16.30 y las 18. Sin embargo, el número de manifestantes fue sensiblemente menor al que esperaban los asambleístas. Apenas se destacaban algunas pancartas con leyendas contra las papeleras y el Gobierno uruguayo y un sinnúmero de banderas argentinas y entrerrianas, entre los vecinos que llegaron hasta Arroyo Verde con equipos de mate y reposeras.
Tras una asamblea celebrada a la altura de Arroyo Verde, los integrantes del colectivo ambiental resolvieron realizar una marcha a Plaza de Mayo, otra protesta en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires y una más en la ciudad de Fray Bentos para “rechazar los dichos del canciller uruguayo, Luis Almagro”, quien hace unos días manifestara que “es imposible desmantelar la pastera”, según indicaron en una proclama.
Los asambleístas dieron a conocer una proclama en la que cuestionaron duramente a los gobiernos argentino y uruguayo, también advirtieron que “en sus manos está finalizar el conflicto, pero no ha terminado; mientras Botnia siga allí envenenando la región el conflicto seguirá abierto” y rechazaron “que se condicione el diálogo a que no ejerzamos nuestra libertad de expresarnos”. Asimismo, consignaron que “es necesario realizar un balance” de todo lo actuado en su lucha contra la fábrica de pasta de celulosa y “darlo a conocer a la sociedad”.

RECLAMOS. En su proclama, la Asamblea solicitó que se haga público un informe epidemiológico realizado entre mil niños de la región como parte de las acciones para estudiar un eventual proceso de contaminación progresivo del medio ambiente. Inclusive, el colectivo ambiental reclamó “que el Gobierno dé a conocer a qué fueros recurrirán para plantear el reclamo sobre la contaminación atmosférica y el impacto socio-económico en la región provocados por Botnia”.
Por otra parte, los vecinos de Gualeguaychú que se concentraron en el paraje ubicado a la vera de la ruta ratificaron su decisión de efectuar asambleas todos los domingos de septiembre, tal como lo habían resuelto unas semanas atrás, al finalizar el período de tregua iniciado el 19 de junio.
La Asamblea decidió hace dos semanas retomar las movilizaciones, luego de haberse retirado por dos meses para permitir a los gobiernos acordar el monitoreo ambiental de la planta. Si bien se ha conformado un comité científico para realizará el control de los establecimientos agrícolas, industriales y centros urbanos que vuelcan sus efluentes en el río Uruguay, los ambientalistas vienen cuestionando la dilación de los plazos. La Asamblea denunció que el monitoreo acordado entre los gobiernos de Argentina y Uruguay “iguala a la empresa ilegal Botnia con otros emprendimientos al margen del río”, y disparó que el plan binacional “no resuelve el conflicto, es discontinuo y no cumple con la sentencia impartida a los estados por la Corte de La Haya”.

Contra las denuncias. “El Gobierno (argentino) sigue adelante con las causas, persiguiéndonos, identificando a nuestros compañeros en otras acciones, queriendo asustarnos para desmovilizarnos”. La frase de Paola Robles fue un reclamo que por primera vez explicitan los asambleístas como determinante en el conflicto.
El Poder Ejecutivo denunció a los integrantes del colectivo ambiental por el corte de la Ruta Internacional 136, pero también por una caravana realizada en la Ruta Nacional 14 el 30 de mayo pasado. En total hay 10 dirigentes individualizados por el bloqueo y otros 12 por la marcha de vehículos, aunque cinco nombres se repiten.
Se trata de Juan Ferrari, Jorge Fritzler, Paola Robles, José Gómez, Alejandra Crimella, Sira Muñoz, Osvaldo Fernández, Ana María Acosta, Cristina Limba, Víctor Limba, Martín Alazard, Juan Veronesi, José Pouler, Gilda Veronesi, Lilyan Melnik, Isabel Nievas y Susana Padín.