La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú resolvió ayer realizar una marcha a Plaza de Mayo, a la embajada de Uruguay en Buenos Aires y a la ciudad de Fray Bentos para “rechazar los dichos del canciller uruguayo, Luis Almagro, quien afirmó que es imposible desmantelar la pastera UPM (ex Botnia)”, indicaron en una proclama. Además ratificaron que “el conflicto no terminó”. En esa línea, la mayoría de los oradores criticaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y al de José Mujica.
Entre 700 y 1.000 vecinos, según estimó Gendarmería, se concentraron a media tarde al costado de la ruta, en el paraje Arroyo Verde, hasta que a las 16.30 decidieron interrumpir el tránsito en la carretera para leer una proclama y luego realizar la habitual asamblea de los domingos, que finalizó pasadas las 18.
Los asambleístas cuestionaron el acuerdo binacional de monitoreo del río fronterizo y ratificaron que “no ha terminado” el conflicto. En ese sentido, ratificaron que continuarán las concentraciones en la ruta durante todos los domingos de setiembre, y decidieron ampliar la protesta en las próximas semanas con movilizaciones a Plaza de Mayo, la Embajada de Uruguay y Fray Bentos, donde está emplazada la pastera.

“Concientizar”
Uruguay prohibió la realización de manifestaciones contra la fábrica en su territorio, pero los ambientalistas se proponen organizar allí charlas de “concientización” sobre la contaminación que, afirman, está causando la planta finlandesa.
La medida, dijeron, se realizará como rechazo a las declaraciones del canciller uruguayo, Luis Almagro, quien aseguró que es “impracticable” la relocalización de UPM.
Con la medida de protesta de ayer, la Asamblea de Gualeguaychú retomó los cortes de ruta tras la tregua de dos meses que dispusieron para permitir que los gobiernos de Argentina y Uruguay acordaran un monitoreo conjunto del río, que se está poniendo en marcha y que incluirá no sólo a UPM, sino a todas las empresas situadas en ambas márgenes.
La Asamblea, por medio de la proclama que leyó la ambientalista Paola Robles, advirtió a los gobiernos de ambos países que está “en sus manos” finalizar el conflicto y se quejaron por la judicialización de la protesta iniciada en junio por la gestión de la presidenta Cristina Fernández.
Los manifestantes exigieron al gobierno argentino que explique “a qué fueros recurrirán para plantear el reclamo sobre la contaminación atmosférica y del impacto socio-económico en la región que habría causado la pastera”.
La Asamblea reiteró que, “mientras Botnia-UPM siga allí envenenando la región, el conflicto seguirá abierto”, y se quejó porque el Gobierno no ha aportado resultados concretos pero, en cambio, vuelve a dilatar los tiempos.
“Pareciera que el monitoreo es para que Botnia-UPM se quede, para que ‘no contamine’, como dijo el canciller, lo cual sabemos que es imposible y no para ser desmantelada como se sostuviera frente al Tribunal de La Haya en su momento”, reprocharon. Mientras ocurría la concentración, decenas de efectivos de Gendarmería se apostaron al costado de la ruta, con el respaldo de dos camionetas y un helicóptero que sobrevoló la zona.

“Encapsular el conflicto”
La Asamblea denunció, además, que “el monitoreo iguala a la empresa ilegal Botnia con otros emprendimientos al margen del río”, y consideró que “el plan binacional no resuelve el conflicto”, sino que “es discontinuo y no cumple con la sentencia impartida a los estados por la Corte de La Haya”.
Los asambleístas afirmaron que los países no apostaron al diálogo, en cambio exhibieron que están más preocupados en encapsular el conflicto”.
“El Gobierno sigue adelante con las causas (judiciales), persiguiéndonos, identificando a nuestros compañeros en otras acciones, queriendo asustarnos para desmovilizarnos”, se quejaron.
“Les decimos a los gobiernos que en sus manos está finalizar el conflicto, pero que no ha terminado, que mientras Botnia-UPM siga allí envenenando nuestra región el conflicto seguirá abierto, que no aceptamos que se condicione el diálogo a que no ejerzamos nuestra libertad de expresarnos”, indicó la Asamblea. Sus integrantes, en tanto, solicitaron que se publique un informe epidemiológico realizado a 1.000 niños de la región, la aplicación del Código Aduanero y el control de los camiones que “transitan por ruta 14 y de los buques que navegan por el río Uruguay con sustancias peligrosas”, además de que se exhiban “las pruebas presentadas ante La Haya que ya demuestran la contaminación de Botnia”.

Datos
Gendarmería informó que hubo entre 700 y 1.000 personas en Arroyo Verde.
En el lugar hubo una presencia importante de hombres de seguridad.
El tránsito por la ruta 136 estuvo cortado entre las 16 y la 18.