Por casi dos horas, el kilómetro 28 de la Ruta 136 volvió a tener ayer la fisonomía que tuvo por más de tres años y medio. Más de doscientos asambleístas de Gualeguaychú cumplieron su promesa de retomar las protestas y bloquearon el tránsito en el paso fronterizo que comunica con Uruguay, descontentos con el plan de monitoreo a la pastera UPM, acordado con el país vecino. Vigilados en todo momento por la Gendarmería, leyeron una dura proclama y renovaron sus críticas hacia el Gobierno. Además aprobaron un plan de lucha que contempla movilizaciones hacia la embajada uruguaya en Buenos Aires, la Plaza de Mayo y también un intento por atravesar el paso limítrofe y llegar con la protesta a Fray Bentos. El ala más dura de los ambientalistas se adueñó de los discursos, y advirtieron que se manifestarán contra el ex presidente Néstor Kirchner si decide visitar la ciudad a fines de mes, en el marco de una gira proselitista. Sorpresivamente, no fue abordado el tema de la reunión a la que fueron invitados junto a los integrantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
Cerca de 180 vehículos, según cifras oficiales, marcharon en caravana desde el centro de la ciudad hasta el paraje Arroyo Verde en el primer domingo de los cuatro que votaron volver con las protestas. En una jornada diáfana, la concentración tuvo su pico de afluencia cerca de las 16. Parados sobre el asfalto, los ambientalistas decidieron que la ocupación de la traza ameritaba un corte, tras algunos minutos de discusión sobre cuál sería el último auto en pasar. A falta de la barrera que utilizaron durante el bloqueo total, cruzaron varios bancos de madera, y el paso quedó interrumpido por dos horas. De un lado quedaron alrededor de una treintena de autos uruguayos. Del otro, una docena de vehículos, varios incluso de vecinos de Gualeguaychú.
La Gendarmería dispuso un operativo especial que regulaba el tránsito a uno y otro lado del refugio de Arroyo Verde. Hasta un helicóptero de la fuerza sobrevoló sobre los manifestantes. En la parte inferior de su fuselaje llevaba una cámara domo, y en varias momentos del acto se detuvo para tomar imágenes a escasos metros de la muchedumbre. Los ambientalistas respondieron alzando brazos y banderas, y gritando cuando veían la proximidad de la máquina. Pero no todos desafiaron el operativo. El grupo comprometido judicialmente por la querella impulsada desde el gobierno nacional se cuidó de no pisar en ningún momento el asfalto. Por consejo de sus abogados, la mayoría se quedó sobre la banquina, algunos con prendas que les tapaban la cara. Fueron muchos los que también se mostraron reticentes a pararse sobre la ruta cuando el helicóptero estaba cerca. En los últimos días había circulado el rumor de que las autoridades aprovecharían la manifestación para identificar a los participantes y sumarlos a la denuncia que involucra a una decena de referentes.
Las fracturas dentro del grupo de asambleístas fueron evidentes. Los más duros, que habían logrado aprobar el regreso a los bloqueos temporales, se quejaron de que no estaban todos los que habían votado volver a la protesta. El grupo que sostiene que medidas como la de ayer conspiran contra cualquier tipo de negociación y dejan al movimiento en una posición de debilidad, directamente no se dejaron ver hasta comenzada la asamblea dominical.
Los discursos de los oradores estuvieron lejos de tener un ánimo componedor. Juan Carlos Barrios, uno de los más descontentos, dijo a Página/12 que el levantamiento del corte “no había servido para nada”. También apuntó al canciller Héctor Timerman, al que acusó de tener un discurso en privado y otro en público. El activista advirtió que si el ex presidente Kirchner, por invitación del senador oficialista Pedro Guastavino, decide visitar la ciudad el 30 de septiembre, “no podrá bajarse del helicóptero” que lo traiga, ya que le organizarán “un escrache pocas veces visto”.
La activista Paola Robles fue la encargada de leer la dura proclama que sintetizó el malestar de los vecinos. “El corrimiento de la ruta no sirvió para conmover a nuestros gobernantes”, apuntó. Luego reiteró uno a uno los reclamos que, a su entender, no fueron satisfechos por los gobiernos. La asamblea denunció, además, que el monitoreo “iguala a la empresa ilegal Botnia con otros emprendimientos al margen del río”, y consideró que el plan binacional “no resuelve el conflicto” sino que es “discontinuo y no cumple con la sentencia impartida por La Haya”.
A las 17.30 comenzó una fugaz asamblea sobre la ruta. Se aprobó organizar movilizaciones hacia la sede diplomática uruguaya en Buenos Aires en rechazo a las declaraciones del canciller Luis Almagro, quien calificó de “impracticable” la relocalización de UPM. Una marcha a la Plaza de Mayo fue acordada para exigir una reacción del gobierno argentino. También intentarán franquear la frontera hacia Fray Bentos, para realizar charlas de “concientización” sobre la contaminación ambiental que, afirman, está causando la planta finlandesa. Nada se dijo acerca de la reunión a la que los asambleístas fueron invitados el miércoles en Paraná, tal como anticipara este diario. Organizado por el gobernador entrerriano Sergio Urribarri, el encuentro serviría para comunicar los pormenores del plan de monitoreo y se esperaba la presencia del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, y de los integrantes de la delegación argentina en la CARU. Como nadie tocó el tema, es un interrogante quiénes serán los delegados que irán en representación de la asamblea.

“Salto de calidad”
El acuerdo entre Argentina y Uruguay en torno de la pastera UPM (ex Botnia) “permite dar un salto de calidad en lo ambiental como política de Estado”, señaló el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni. Su referencia apuntaba a la creación del comité científico binacional que va a monitorear ambas márgenes del río Uruguay. Para Bibiloni, el trabajo va a redundar “en una nueva etapa para el desarrollo de las políticas ambientales” en el país. La formación, aclaró, intentará “armonizar las experiencias científicas, las prácticas profesionales, los conocimientos académicos y la articulación del plan de vigilancia y monitoreo del río Uruguay y todas las derivaciones del fallo de La Haya”. En ese sentido, explicó que la tarea será “hacer un diagnóstico en el terreno para el monitoreo de las actividades de la planta y del ecosistema derivado del río y ciertamente los diagnósticos que surjan de lo que vean en las aguas va a importar una trazabilidad interna, es decir, qué cosas estamos haciendo en el territorio que va a las aguas y puede tener algún impacto”. Como se va a trabajar en ambas márgenes, “habrá mucha homogeneidad en las propuestas metodológicas”, dijo. Será “un sistema de espejos, aunque las legislaciones de aplicación serán las locales en lo que tiene que ver con cada actividad”.