Conciencia Solidaria y Greenpeace, dos emblemáticas organizaciones ambientalistas, acusaron al ejecutivo de la provincia de San Juan de tratar de boicotear a la ley de glaciares aprobada en diputados, y que el miércoles próximo debería tratarse en el Senado.
“La Ley de Glaciares aprobada por Diputados está en peligro. Existe un fuerte boicot encabezado por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y por los mezquinos intereses de la minera canadiense Barrick Gold, que amenaza su tratamiento previsto para este miércoles”, advirtieron desde Greenpeace Argentina.
Para ese grupo ecologista, la ley, tal como fue sancionada en Diputados, implicaría la revisión de dos proyectos mineros que la empresa Barrica Gold está realizando en esa provincia cuyana.
En tal sentido, lanzaron una campaña en la que invitan a la gente a “exigirle a los senadores que no se conviertan en los ‘empleados del mes’ de la Barrick Gold, y que sancionen la ley aprobada en la Cámara de Diputados”.
En igual sentido se expresó la organización interprovincial, Conciencia Solidaria, que publicó una carta abierta dirigida a los senadores, en la que se les solicita que aprueben “sin dilaciones esta ley largamente esperada para la preservación de nuestro mayor bien, las reservas de agua dulce contenidas en glaciares y ambiente periglaciar. Esta ley preserva de manera férrea y soberana estos frágiles ecosistemas de nuestra cordillera otorgando eficientes herramientas de control del bien protegido”.
La misiva, que lleva la firma de la titular de esa organización, Cristina Martin, destaca que, “la crisis mundial por el agua pura, la retracción de los glaciares como consecuencia del Cambio Climático Mundial alertan a las naciones a trabajar en legislaciones claras para la preservación del recurso agua”.
“En este sentido –agrega-, los ambientes glaciares y periglaciares, como reservas del agua dulce de mayor pureza, deben quedar legalmente protegidos ante cualquier proceso de contaminación o destrucción por actividades humanas de alto impacto”.
“No podemos operar con ambigüedad y contradicciones cuando nuestro futuro está en juego. Es imprescindible la vigencia de esta ley que acompañe en algún grado nuestra sustentabilidad como Nación soberana”, continúa la carta.
“Las empresas extractivas de cualquier índole y cualquier otra actividad humana no pueden comprometer nuestro presente y futuro desarrollo como Nación contaminando o destruyendo glaciares o zonas periglaciares. El agua potable es un bien escaso y estratégico y no tiene precio. Sin embargo de no protegerla adecuadamente nuestra Nación pagará graves consecuencias a corto plazo”, se expresa en otra parte del texto.
La carta concluye con el pedido expreso de que los senadores aprueben “sin dilaciones”, el texto consensuado por los diputados de la Nación.