Luego de una extensa enumeración de los reclamos que realizó al momento de levantar el corte de ruta, la Asamblea de Gualeguaychú afirmó que el conflicto seguirá abierto mientras la planta UPM (ex – Botnia) continúe funcionando en Fray Bentos y recargaron sobre los gobiernos la responsabilidad de resolver la situación. Fue a través de una proclama leída durante la manifestación de hoy, que se tituló “¿porqué volvemos a reclamar sobre la ruta 136?”
“El 19 de junio, en este mismo lugar, publicamos los puntos solicitados a los gobiernos, reclamos históricos de esta asamblea y en función de los cuales dimos inicio a un período de 60 días al costado de la ruta. Y creemos necesario hacer un balance público para que toda la sociedad comprenda los motivos por los que retomamos las acciones en la ruta 136. Porque nos sobran los argumentos; porque bajo ningún punto de vista es capricho ni obstinación”, indica.
“Solicitamos “la aplicación del Código Aduanero y el control de los camiones que transitan por ruta 14 y de los buques que navegan por el Río Uruguay con sustancias peligrosas desde y hacia el puerto ilegal de BOTNIA-UPM “y obtuvimos: Nada. Ni siquiera un planteo o propuesta del Gobierno al respecto en las reuniones mantenidas con Cancillería. Solicitamos “la difusión masiva e intensa en el sistema oficial de información pública de todas las pruebas presentadas ante La Haya que ya demuestran la contaminación de Botnia, permitiendo a los integrantes de los equipos técnicos de las Universidades de Buenos Aires y La Plata que difundan todo lo argumentado y presentado, ante la opinión pública y ante toda la comunidad científica; como así también pedimos que se reconozca y publiquen las conclusiones científicas del grupo técnico argentino sobre la contaminación probada de Botnia-UPM en el ecosistema del Río Uruguay”. Tampoco esto se ha llevado a cabo, ni existe un compromiso manifiesto de que así ocurra. No se han constituido los investigadores en audiencia publica en nuestra ciudad, ni se ha reafirmado ni publicado la defensa presentada por el estado argentino en la Corte Internacional de la Haya. Lo que tenemos en la Municipalidad son los biblioratos que se enviaron desde Cancillería; pero no ha habido un reconocimiento público, por parte del gobierno argentino, acerca de la contaminación de BOTNIA-UPM al ecosistema de nuestro río”, postula.
“Reclamamos que “nos dieran a conocer a qué fueros recurrirán para plantear el reclamo sobre la contaminación atmosférica, del aire y el impacto socio-económico en la región provocados por Botnia-UPM”. Con respecto a este punto la dra. Ruiz Cerruti les ha respondido claramente a nuestros abogados, que si bien existen instancias donde hacer presentaciones, no cuenta hasta el momento con la decisión política de hacerlo”, recuerda.
“Pedimos que “se continúe con el Plan de Vigilancia Ambiental de los científicos universitarios desarrollado hasta la fecha en el Río Uruguay”. Resultado: continúa el precario plan de vigilancia de la municipalidad, con la cámara siempre a punto de instalarse y con un laboratorio siempre sin instalar”, postula.
Solicitamos “Se concrete con el Gobierno Uruguayo, en dicho plazo, el compromiso de Anchorena, acordando controles dentro de la planta de Botnia-UPM y en el Río Uruguay, de conformidad al mandato de la sentencia del 20 de abril de 2010 de la Corte de La Haya y al artículo 44º del Estatuto del Río Uruguay”. Y lo que obtuvimos fue el anuncio de un monitoreo que iguala a la empresa ilegal BOTNIA con otros emprendimientos al margen del río, plan que no resuelve el conflicto, que es discontinuo en la recolección de pruebas y que no cumple con la sentencia impartida a los estados por la Corte Internacional de la Haya”, señala.
“También reclamamos “que las autoridades de la República Oriental del Uruguay notifiquen a los directivos de Botnia citados a declaración indagatoria por la justicia federal argentina y que dejen sin efecto las limitaciones para que podamos ejercer nuestros derechos de libre expresión en territorio uruguayo”. Como todos sabemos el presidente José Mujica no ha tomado medidas respecto de este punto, como así tampoco conocemos que se haya viabilizado este reclamo desde el gobierno argentino”, precisa.
“Continuamos sin soluciones. Hicimos el gesto, corporizamos nuestra voluntad de dialogo y los gobiernos volvieron a demostrarnos que están más preocupados en encapsular el conflicto, en darlo por terminado, que en resolverlo: siguen adelante con el dragado del río, se constituye la comisión de la Hidrovía para el implemento del IIRSA, como si nada hubiera ocurrido”, cuestiona.
“Hoy estamos aquí para decir que tenemos palabra: El 16 de junio votamos una tregua de 60 días en Arroyo Verde en función de avanzar en estos reclamos. Y no sólo que no se concretaron, sino que todo indica que el gobierno sigue adelante con las causas penales, persiguiéndonos como a delincuentes, identificando a nuestros compañeros en otras acciones, queriendo asustarnos para desmovilizarnos. Sabemos que si bien demostramos nuestra buena fe como pueblo, siendo los afectados diarios de la nociva presencia de BOTNIA –UPM en la región, el corrimiento de la ruta en estos más de 60 días no conmovió a nuestros gobernantes como para que nos devolvieran resultados concretos. Es más, vuelven a dilatar los tiempos, no consideran los nombres de los técnicos especializados sugeridos por esta asamblea a pedido de Cancillería, y pareciera que el monitoreo es para que BOTNIA-UPM siga funcionando, para que “no contamine” como dijo el Canciller, lo cual sabemos que es imposible, y no para que sea desmantelada como se sostuviera frente al Tribunal Internacional de la Haya en su momento”, sentencia.
“Les decimos a los gobiernos que en sus manos está finalizar el conflicto, pero que hasta el momento éste no ha terminado; que mientras BOTNIA-UPM siga allí envenenando nuestra región el conflicto seguirá abierto. No aceptamos, bajo ningún punto de vista, renunciar a nuestra libertad de expresión como condición para que exista diálogo con el gobierno”, afirma.
“Sostenemos cada uno de los puntos enunciados como así también hacemos público nuestro reclamo para que se realice un control básico de salud y de seguimiento a toda la población de mayor riesgo y exposición a la contaminación de Botnia-UPM, como son: el personal de Aduana, Caru (Comisión Administradora del río Uruguay) , Gendarmería, Vecinos de la región costera del Potrero y Vecinos y Alumnos de costa Uruguay sur y aquellos que padecen afecciones respiratorias. Solicitamos que se active y "publique" la realización del control Epidemiológico de los 1000 niños. Como así también que se concrete la implementación de la asistencia Medica inmediata, registro y documentación, de los afectados por causas probables de contaminación, en Hospital Centenario, contemplando la confección de actas para pruebas, con el protocolo adecuado”, consigna.
“Por estas razones estamos hoy aquí y seguiremos movilizándonos, para decirle a toda la comunidad, que la lucha continua hasta que BOTNIA-UPM se vaya de la cuenca del río Uruguay”, concluye.