La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado pidió que se postergue hasta el 29 de este mes la sesión en la que debería debatirse hoy el proyecto de ley de protección mínima de los glaciares. Por el proyecto de ley, que recibió sanción de la Cámara de Diputados en agosto, varios gobernadores de provincias mineras y petroleras expresaron su intención de fijar sus posiciones antes del debate en la Cámara alta.
El proyecto aprobado tiene un texto similar al votado por unanimidad por ambas cámaras en 2008, que fue vetado inmediatamente por la Presidenta. Establece la protección de los glaciares y periglaciares y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos. El proyecto determina, además, que toda actividad no prohibida que allí se realice requiere una evaluación de impacto ambiental, estableciendo fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
Como lo hemos destacado en esta columna, resultó llamativo que el Poder Ejecutivo vetara un proyecto aprobado abrumadoramente por todo el Congreso, donde se encuentran representadas todas las fuerzas y las regiones. Se mencionaba como fundamento del veto que ya existía legislación en la materia, como la ley general del ambiente (25.675) y que la ley de protección de glaciares "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas" o "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".
Cuando, hace un par de meses, el tema volvió a tratarse en la Cámara de Diputados surgieron discusiones entre quienes defendían el antiguo proyecto aprobado y quienes propiciaban uno nuevo, propuesto por el Gobierno, bastante menos exigente en materia ambiental. La discusión no resultaba clara para quien no prestaba atención a las diferencias sutiles entre ambas propuestas. Resultaba confusa la interpretación que se le daba a lo que se entiende por área periglacial, pero eso definía, nada menos, las actividades industriales que podían realizarse en ella.
El proyecto oficial, por ejemplo, la ignoraba y descartaba la obligación de realizar una evaluación estratégica del impacto ambiental, excluyéndose así la consideración de los efectos acumulativos y regionales que podrían tener los distintos emprendimientos al proponer considerarlos individualmente. Basta saber que en el área hay cientos de proyectos que dependen del agua de los ríos de la zona originados por deshielo para notar la trascendencia de llevar a cabo un análisis integral y no uno por cada propuesta de modo aislado.
No deja de llamar la atención que en muy pocos meses varias provincias hayan presentado o sancionado normas de protección de glaciares similares al proyecto oficial, como es el caso de Jujuy, La Rioja, San Juan y Salta, y que en estas jurisdicciones se haya entendido que el texto aprobado en la Cámara de Diputados resulta una intromisión de la Nación en la esfera provincial por intentar regular sobre recursos locales.
Sin embargo, ocurre que a menudo los efectos de algunos emprendimientos exceden el ámbito del propio territorio y es por eso que se hace necesario consensuar una mirada estratégica para nuestro país, no para la explotación de esos recursos locales sino para contemplar la protección actual y futura de los elementos esenciales de los que también depende el bienestar de las generaciones futuras.
Como los glaciares cordilleranos significan un 70 por ciento de la reserva hídrica de todo el país, cualquier actividad que allí se desarrolle requiere una profunda reflexión sobre sus verdaderas consecuencias.
Si bien son comprensibles el interés y las posibilidades de explotación de ciertos recursos naturales que pueden encontrarse bajos los glaciares, el uso intensivo de agua o el riesgo de contaminación deben merecer un delicado análisis.
Una mirada inteligente y moderna no puede soslayar que la protección de las fuentes de agua potable es de máxima prioridad, en especial en zonas áridas y semiáridas. Más aún si consideramos los potenciales efectos del cambio climático. Se trata de uno de los desafíos que tendremos en este siglo y necesitamos una visión nueva que vaya más allá de la rentabilidad inmediata.
Numerosos casos recientes demuestran que no existen actividades de riesgo cero y que el daño sobre una fuente de agua potable puede ser irreversible.
El Senado tiene una nueva oportunidad. Se trata del agua, quizás el recurso más importante para el futuro de la humanidad, y se espera de este cuerpo una decisión con visión estratégica, con una mirada puesta no sólo en esta generación, sino en las futuras.