El ministro de la Producción Juan José Bertero dijo que la política pesquera “no se mueve un centímetro” y ratificó que se actuará con rigor ante la próxima veda. Subrayó que continuarán las reuniones entre organizaciones de pescadores y frigoríficos para sostener el precio del kilo de sábalo.
El funcionario respondió a consultas de la prensa sobre un dictamen de la Fiscalía de Estado, de carácter confidencial, y referido a distintas causas que frigoríficos procesadores de pescadores realizaron contra el Ministerio.
Para Bertero los cortes de rutas, las protestas y las denuncias se deben leer como las reacciones ante la irrupción de una política pesquera que pone límites a la depredación.
“Me da la sensación de que esto es así porque se ve que algo al respecto estamos haciendo, y que a algunos está molestando”. Y de inmediato recordó que el comercio al exterior del sábalo, desde el pescador hasta el frigorífico, pasando por el acopiador, es “una de las más informales que tenemos en la provincia, que genera muchísima marginalidad a un sector social importante”.
Una vez más, dijo que el objetivo de controles e intervención en el precio del sábalo (que se triplicó desde que se impusieron los cuestionados convenios de pesca) buscan cumplir “lo que la sociedad santafesina le pidió a este gobierno sobre el tema: preservar el recurso y contener a un sector de nuestra sociedad absolutamente marginal, que es el de los pescadores”.

Cupos
Bertero negó que las organizaciones de pescadores -como el sindicato que encabeza Carlos Billarreal- haya negociado cupos de extracción.
De todas formas, ante una pregunta sobre el acuerdo que se había firmado entre el ministerio y las organizaciones de pescadores -que generó las presentaciones judiciales (y parece ser el nudo del dictamen del fiscal)-, el ministro dijo que había “un apartado que hablaba de un cupo que tenía cada una de estas organizaciones y se se daba un volumen de toneladas. Creo que eso que se redactó tuvo el mismo pecado que tuvo aquel párrafo en que se hablaba de la seguridad y de mantener la paz social, cuando en realidad lo que se buscaba era privilegiar la mesa de diálogo para avanzar en la paz social. Nadie estaba negociando la paz social. ¿Y cuál es el pecado? Fue tratar que quedara en un papel, bien claro, lo que todos pensaban... Pero en la práctica esa cuestión de que una organización tenía un cupo no funcionó. De hecho (lo prueban) las actas que tenemos de cada reunión en la que se habla del precio del pescado entre los trabajadores y los frigoríficos: no se negocian cupos.
“Quien trae el cupo es el frigorífico al que el ministerio le otorga cuánto puede exportar (del cupo que fija la Nación), dice cuántas toneladas quiere retirar del río, dónde y cuánto pretende pagar. Los pescadores entonces, con sus organizaciones, controlan que se pague en los hechos el precio que se ha negociado con el pescador. Hoy de $ 1,50 por kilo de sábalo”.

Poder de policía
El Litoral preguntó si en alguna oportunidad, el poder de policía que tiene el ministerio sobre el control de la pesca fue “delegado sobre terceros privados”.
Bertero respondió: “primero debe definirse qué significa esto, yo lo entiendo como el control sobre puertos de fiscalización y sus registros, volúmenes de capturas y verificar lo que se exporta. No hemos delegado nuestra responsabilidad, sí hemos hecho acuerdos con los Ex Combatientes de Malvinas para integrarlos a los equipos de fiscalización”.

Nueva ley
Sobre la ley de Registro de Operaciones Pesqueras, sancionada recientemente, el ministro dijo que “sin lugar a dudas estamos en un nuevo escenario”, y agregó: “Hay varias actuaciones en la Justicia referentes a la política de pesca que estamos llevando adelante. Por lo tanto vamos a tomarnos el tiempo adecuado para ver cómo hacemos la reglamentación de este nuevo marco de la ley, y vamos a seguir transitando el camino judicial que han tomado algunas causas. Esto lo hacemos porque no tenemos nada que ocultar”, destacó.
"No hemos delegado nuestra responsabilidad, sí hemos hecho acuerdos con los Ex Combatientes de Malvinas para integrarlos a los equipos de fiscalización”.