Una de cal y otra de arena. El canciller argentino Héctor Timerman divulgó en Entre Ríos una columna explicando el acuerdo con Uruguay para el monitoreo ambiental del río binacional y, a la vez, se reactivó la querella judicial contra los asambleístas de Gualeguaychú que fueron citados por la Justicia penal de Paraná.
Timerman anunció en su artículo que el gobierno inició acciones judiciales para detener el proyecto de una represa en el arroyo Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes, que podría ser violatoria al Estatuto del Río Uruguay.
Curiosamente, el canciller argentino menciona el acuerdo binacional cuando, en rigor, la desembocadura del río Miriñay, al que tributa Arroyo Grande, se ubica fuera del límite del tratado entre Uruguay y Argentina, dos kilómetros al norte de la ciudad argentina de Montecaseros, frente a la llamada Isla Brasileña, que reclama Brasil como propia (lo que está contestado por Uruguay) pero que a los efectos de los acuerdos vigentes es territorio brasileño y, por ende jurisdicción compartida en el río Uruguay entre Argentina y Brasil.

Citación. En tanto, la Cámara Federal de Apelaciones de la capital entrerriana llamó a audiencia pública y oral a los diez asambleístas denunciados por el gobierno argentino por el corte de la ruta 136. Le fijaron audiencia para el 15 de octubre a Sira Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella, Jorge Fritzler, Juan Ferrarri, Osvaldo Fernández, José Gómez y Juan Veronesi.
Los jueces escucharán las declaraciones de los inculpados y deberán, antes de cinco días, hacer lugar o no a la apelación promovida por el ministerio público a instancias del gobierno federal. Si la desestiman, quedará firme la sentencia del juzgado de Concepción del Uruguay que exculpó a los asambleístas. De lo contrario otro juzgado continuará la querella.