La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná citó a una audiencia oral y pública para el próximo 15 de octubre a los 10 asambleístas que fueron querellados por el Gobierno nacional por bloquear la ruta internacional 136 en sus protestas contra la papelera UPM – Botnia.
La audiencia fue fijada para las 8.30 en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, para determinar si los asambleístas deben ser citados a indagatoria.
Al acto asistirán los activistas de Gualeguaychú acusados de cometer un total de 14 delitos durante el corte del paso internacional, entre ellos el de “homicidio culposo”.
Los diez ambientalistas convocados son: Jorge Fritzler, Juan Ferrari, Osvaldo Fernández, Siria Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella y José Gómez.
De esta forma, el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Carlos María Álvarez, dio lugar a lo dispuesto por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra.
En diálogo con EL DIARIO, Osvaldo Fernández indicó que harán uso de derecho a hablar. “Explicaremos los motivos por lo que una comunidad se ve obligada a defenderse, amparada en derechos constitucionales, ante un Estado ausente”, advirtió.
Asimismo, admitió que en una primera instancia pensaron que esta denuncia no pasaría a mayores, “pero la causa sigue y esto demuestra la persecución y hostigamiento de la Asamblea, criminalizando la protesta”, fustigó el integrante de cuerpo de abogados de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.

ALCANCES. El 15 de octubre los camaristas escucharán, en primer lugar, al fiscal Álvarez y luego podrán hacer uso de la palabra los 10 asambleístas para que recién entonces, eventualmente, los jueces realicen preguntas a las partes.
Una vez que las partes sean escuchadas, los jueces de Cámara se retirarán a deliberar y dictarán su sentencia, aunque caso contrario tienen cinco días para hacerlo: si rechazan la apelación, el expediente vuelve al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y se confirma la sentencia del juez subrogante Gustavo Pimentel de no citarlos a indagatoria.
El magistrado había rechazado el planteo del Gobierno aduciendo que debía tenerse en cuenta “el contexto social imperante” durante la protesta contra la instalación y posterior funcionamiento de la planta de celulosa de la firma Botnia, hoy controlada por UPM.
En cambio, si se da lugar a la apelación, el expediente vuelve al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, pero el juez Pimentel quedaría apartado de la causa y se ordenaría la indagatoria a los asambleístas tal como lo pide la fiscal Federal.
Esta querella fue promovida por el Gobierno nacional mediante la presentación del Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha.
El magistrado, en una resolución del 1 de julio pasado, dispuso aceptar a Da Rocha como parte querellante, dejó pendiente la investigación respecto de la casi totalidad de los delitos denunciados por falta de elementos, y se pronunció solamente respecto de la interrupción del tránsito en la ruta internacional Nº 136.
Con relación al corte de ruta, el juez Pimentel decidió no llamar a declaración indagatoria a los asambleístas, aunque esa resolución fue luego apelada por la fiscal interviniente Daniela Neyra.
“La causa, de todos modos, se sigue engrosando”, subrayó Fernández. “En la concentración del domingo pasado hubo vuelos rasantes de personal de Gendarmería, quienes tomaron imágenes y sacaron fotos para volcar a la causa penal que se tramita en Concepción de Uruguay; somos controlados permanentemente por agentes federales de seguridad, ya es habitual que nos sigan a dónde vamos”, denunció Osvaldo Fernández.

Comenzará el monitoreo conjunto del río Uruguay
LUEGO DE QUE LOS CANCILLERES de Argentina y Uruguay firmaran un acuerdo donde se establecen las directivas que deberán seguir los científicos de ambos países para el monitoreo de la planta de UPM – Botnia y del río Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto de la Nación, Héctor Timerman, calificó el hecho como un “hito” en la relación entre ambos países.
Luego de dos reuniones claves entre los presidentes, Cristina Fernández y José Mujica, donde se sentaron las bases del acuerdo, el 30 de agosto los cancilleres de ambos países rubricaron el documento para iniciar el monitoreo ambiental. El entendimiento establece un plazo de 60 días para que los científicos presenten su primer proyecto; además, en el término de 150 días, deberán elaborar un proyecto integral, que abarque, además del río, el control ambiental de establecimientos sobre ambas márgenes. Según establece el acuerdo, el control ambiental comenzará por la planta y seguirá con la desembocadura del río Gualeguaychú en el Uruguay. Luego continuará en Argentina, con un establecimiento o lugar a elección de la parte uruguaya y, a partir de entonces, seguirá alternativamente en uno y otro país.