La legisladora Magdalena Odarda (CC ARI), presentó al Parlamento Patagónico una iniciativa tendiente a declarar, la necesidad de que las provincias patagónicas declaren al agua como un bien de dominio público a los fines de garantizar su adecuado uso para las generaciones presentes y futuras y declarar el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos como derecho humano fundamental.
En su articulado, solicita al parlamento que la declaración debe garantizar a todo ciudadano la cantidad de agua necesaria para satisfacer necesidades básicas tales como la bebida, la preparación de alimentos, la higiene, las actividades productivas de subsistencia y las prácticas culturales. Este derecho comprende la disponibilidad y significa que el abastecimiento de agua para cada persona debe ser continuo, regular y suficiente para los usos personales y domésticos. La calidad del agua para uso personal o doméstico debe ser potable o apta para cada uno de dichos usos. La accesibilidad, el agua para uso personal y doméstico o las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico y económico de todas las personas, sin discriminación alguna.
Fundamenta Odarda y deja constancia que "según informes de Naciones Unidas se estima que la cuarta parte de la población mundial vive con escasez de agua potable saludable y esta proporción se duplicará dentro de 20 años".
Asimismo, agregó: "los organismos internacionales advierten en relación al agua que una cuarta parte de la población mundial, carece de acceso al agua potable salubre. El 40% de la población mundial no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas. Unos 6.000 niños mueren cada día por alguna enfermedad relacionada con la potabilidad del agua. El 80% de las enfermedades del mundo en desarrollo están íntimamente relacionadas con el consumo de agua no potable".
Indicó también la diputada que “Por un lado, están quienes sostienen que el agua es un derecho humano esencial, cuyo suministro y preservación tiene que estar a cargo del Estado, y por el otro, tenemos los intereses privados que persiguen la desregularización de los servicios estatales con la finalidad de comercializar este recurso y también exportarlo logrando fabulosas ganancias.”
En ese sentido, subrayó que “Algunas comunidades, que sostenían una economía regional consolidada y sustentable, han sido afectadas por las empresas mineras que usan cientos de miles de litros de agua por día. El actual gobierno nacional no parece advertir esta grave situación, dado que, además de permitir las actividades mineras probadamente dañinas, ha vetado el original texto de la “ley de glaciares”. Queda demostrado entonces, que los intereses de sectores privados son puestos por encima del bien público y de la defensa de recursos naturales estratégicos y vitales para la economía “real” de nuestro país".
Por otro lado, los pronunciamientos de los organismos internacionales, no eximen a los Estados soberanos de la obligación de legislar con el fin de garantizar prioritariamente el acceso de toda la población al recurso hídrico para vivir dignamente, para la agricultura y ganadería, y para la industria; en ese orden.
Finalmente, Odarda expresó “ La Patagonia es un territorio rico en fuentes de agua, por ello se hace necesario crear una legislación regional que ampare el derecho de todo ciudadano a aprovechar el agua para sus necesidades sustanciales, evitando la posibilidad de que ésta se transforme en una mercancía. A su vez, las provincias tienen la potestad sobre sus recursos naturales (artículo 124 Constitución Nacional) lo que promueve la protección a fin de garantizar los mismos para toda la población presente y futura.”