“No solamente el marco jurídico creado por el justicialismo en la década del 90 es inmoral, sino que además desde este gobierno se han negado sistemáticamente a controlar el cumplimiento de los mínimos requisitos que obligan a las mineras en la Ley 24.196”, señaló Cimadevilla.
“Pero esto se va a terminar porque el Senado requerirá a la Auditoría que realice una profunda investigación en las declaraciones que deberían haber presentado las mineras ante el Registro de Beneficiarios de la Ley 24.196”, aseguró, para adelantar que “mantienen todo en la nebulosa. Sospechamos que nunca han presentado ninguna declaración; hasta puede ser que ni hayan abierto el registro”.
“Las mineras tendrían que hacer una presentación anual, dentro de los 30 días a partir del vencimiento de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, donde se indiquen los trabajos e inversiones efectivamente realizados, y la estimación de las tareas y estudios a ejecutar, así como las inversiones a realizar con su respectivo cronograma”, explicó el senador chubutense, “pero creemos que nada de esto se cumple y la falta de cumplimiento de estos requisitos podría implicar la pérdida de beneficios impositivos para las empresas”, advirtió el legislador.
“Más aún, el artículo 23 fija un fondo que las empresas beneficiarias deben realizar para cubrir los posibles daños ambientales. La falta de cumplimiento de este requisito debería provocar la caducidad y pérdida del beneficio; sin embargo tampoco existe información pública al respecto”, agregó.
“Existe un ‘Informe de Gestión Minera 2003-2007’ elaborado en el ámbito de la Secretaría de Minería que nada dice acerca del cumplimiento de la funciones registrales fijadas en la Ley 24196, ni sobre la conformación de este fondo de reaseguro ambiental y si allí nada se dice sospechamos con bastante fundamento que nunca se ha registrado nada y menos aún que se haya conformado fondo alguno”, denunció Cimadevilla.
“Ante tamaña duda, cuando estas faltas significarían la caducidad de todos los beneficios de que gozan las empresas mineras, y entendiendo que las excepciones de la ley provocan pérdidas al erario público nacional, comprometiendo fondos del Estado, creo absolutamente necesario que la Auditoría General de la Nación realice un severísimo análisis sobre las empresas mineras y la autoridad pública encargada de controlarlas”, concluyó Cimadevilla.