El servicio de agua potable, la facturación de la energía y los viajes con menores, se transformaron en los primeros asuntos que debe atender el Defensor del Pueblo de la Provincia, Miguel Alegre, que debutó esta semana en el ejercicio de sus funciones aunque sin oficina.
La inauguración de un espacio propio está prevista para la segunda quincena del mes, mediante la utilización de una parte de los fondos que esta semana acreditó el Poder Ejecutivo a la nueva dependencia.
Con un decreto definido a principios de esta semana, el Gobierno formalizó un giro de partida por 400 mil pesos al Poder Legislativo, con asignación específica a la Defensoría del Pueblo.
“Es un presupuesto de emergencia”, indicó ayer el ombudsman, Miguel Alegre, quien sostuvo que ese monto es una previsión de mínima que alcanzará hasta fin de año. El primer destino de los recursos será el alquiler de una oficina.
“Estamos en la búsqueda de una casa o inmueble similar, que ofrezca condiciones para habilitar varias oficinas”, precisó el funcionario, que mientras tanto evitó dar precisiones sobre la ubicación, aunque señaló que estará en el centro capitalino.
Alegre aseguró que en la próxima quincena realizarán la apertura. “Antes de fin de mes vamos a inaugurar, lo ideal es estar en el centro, lo más cerca posible de los puntos a los que más se acerca la gente, como los centros de salud, los bancos y dependencias oficiales”, detalló.
La porción restante de dinero será volcada a la compra de elementos para hacer operativa la dependencia, principalmente sueldos. “Los recursos previstos hasta fin de año alcanzarán para el pago de salarios, la adquisición de muebles y computadoras así como insumos”, precisó el ombudsman.

Temas
Formalmente, desde el lunes Alegre firma como Defensor del Pueblo de la Provincia, luego de que el jueves de la semana pasada las cámaras legislativas lo haya puesto oficialmente en funciones. Juró en la Legislatura junto a los defensores adjuntos Juan Ramón Ferreyra y Marco Costa, en tanto que el secretario general de la oficina será Ricardo Centeno.
Lo concreto del caso es que hasta ayer, con tres días de función, Alegre recibió 3 planteos.
La prestación del servicio de agua potable en San Luis del Palmar, a través de un pedido de los vecinos del pueblo; la facturación de los consumos de electricidad medidos por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) y un expediente de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia.
Este último, según explicó el ombudsman a El Litoral, comprende la modificación de un código de conducta para la protección de niñas, niños y adolescentes en viaje, con el propósito de evitar la trata y explotación sexual de menores así como preservar la integridad de los contingentes de egresados.
“Estamos estudiando el tema, para lograr una instrumentación de controles, apuntar a la colaboración en la fiscalización ya que las normativas están”, señaló Alegre, quien sostuvo que la definición podría resolverse a través de un convenio.