La sanción de una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares mantiene al bloque kirchnerista del Senado en un virtual estado de rebelión, como consecuencia de la queja de varios legisladores que no quieren quedar "pegados" a las denuncias de las organizaciones ambientalistas.
La disputa está dada por la disyuntiva que debe afrontar la Cámara alta entre sancionar la versión aprobada por la Cámara de Diputados en agosto último, impulsada por los ambientalistas, o insistir en la sanción del año pasado de la Cámara alta, que es apoyada por las provincias con intereses mineros.
El problema radica en que esta última versión, que fue aprobada por unanimidad, quedó fuertemente impugnada por las denuncias del diputado Miguel Bonasso, quien dijo en varias oportunidades que el texto favorece a las empresas mineras y, sobre todo, a la canadiense Barrick Gold.
Esta firma tiene su mayor emprendimiento en la provincia de San Juan. Por eso a nadie extraña que el principal impulsor de la insistencia en el texto del Senado sea César Gioja, senador por esa provincia y hermano del gobernador, José Luis Gioja.
Lo cierto es que las denuncias de Bonasso y de las organizaciones ambientalistas como Greenpeace caló hondo entre varios senadores del bloque kirchnerista.
"No queremos quedar pegados con la Barrick Gold. Si tanto les interesa el proyecto, que lo voten ellos", se ha quejado al menos un par de legisladores oficialistas ante el jefe de bloque, Miguel Pichetto, en las últimas semanas.
El "ellos" es en alusión a los hermanos Gioja y a sus compañeros de bloque que representan a provincias con intereses en la minería. Este grupo es encabezado por el porteño Daniel Filmus, que, paradojas de la política, fue miembro informante del proyecto que aprobó el Senado el año pasado y que ahora se niega a votar.
A este miedo a quedar expuestos ante la opinión pública favoreciendo a un interés particular se suma el silencio que ha adoptado el Poder Ejecutivo desde que el mes pasado Diputados modificó el proyecto originalmente sancionado por el Senado.
Peor aún, la presidenta Cristina Kirchner dijo que no iba a vetar la ley, cualquiera que fuere la versión que finalmente terminara siendo sancionada.
El problema radica en que el mensaje público no se condice con el que llega a los despachos de los principales referentes del bloque kirchnerista.
"En realidad, el Gobierno no quiere el proyecto aprobado por Diputados, pero no quieren hablar más del tema", confesó un prominente senador oficialista a LA NACION cuando se lo consultó sobre del Poder Ejecutivo.
La respuesta no se hizo esperar. "Nosotros necesitamos que alguien explique y justifique en público la razón para votar por la versión del Senado y no por la de Diputados", se le escuchó decir a un senador en la última reunión de bloque, el martes pasado.

Exposición pública
Para evitar males mayores, los Gioja decidieron asumir la responsabilidad que el Poder Ejecutivo viene negándose a asumir.
Así, a partir de la semana próxima, concurrirán a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano del Senado gobernadores y funcionarios de las provincias mineras.
La cita es para el 21 del actual. Ese día se presentarán los mandatarios de las provincias de Cuyo, en particular San Juan y Mendoza, quienes más vienen bregando por la sanción de la ley tal cual la aprobó el Senado en primera instancia. Después, se espera que asistan los gobernadores de otras provincias, como La Rioja, Salta y Catamarca, que también rechazan el texto de Diputados por considerar que avasalla potestades que la Constitución reconoce a los estados provinciales.
Pero la polémica por los glaciares atraviesa a todos los bloques. Así, por ejemplo, los radicales catamarqueños avalan a las provincias mineras, al igual que los tres senadores salteños, ninguno de los cuales responde al kirchnerismo.
La definición se conocerá el próximo 30 del corriente, cuando el tema se debata en sesión especial.