Desde hace más de 50 años todos los políticos prometen que van a limpiar el Riachuelo. Sin embargo, nunca se llegó a nada. Por eso, tras una demanda de vecinos de La Boca en 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó en julio de 2008 la ejecución de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), con plazos precisos y de cumplimiento obligatorio. Para los ecologistas, es un fallo histórico a través del cual la justicia puso en la agenda del Estado un tema totalmente ninguneado por todos los gobiernos.
Según el fallo del Tribunal Supremo, el único organismo responsable de llevar a cabo la limpieza del curso de agua más contaminado del país es la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), creada por ley en 2006 e integrada por los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad.
La ejecución de la sentencia está en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella, y cuenta con la fiscalización de un cuerpo colegiado de ONGs coordinadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN), que este mes elaboró el siguiente informe sobre el estado actual de la Cuenca.
MEDICION E INFORMACION
La CSJN ordenó adoptar un sistemas internacionales de medición para poder monitorear el nivel de cumplimiento del PISA, con un sistema de información accesible a los ciudadanos.
"Hasta hoy no se ha cumplido. Se han presentado algunos indicadores aisladamente, que no constituyen un sistema y son irrelevantes para conocer el grado de cumplimiento del fallo", sostuvo el informe de la DPN.
En cuanto al sistema de información pública vía Internet, la UPN dijo que todavía es "insuficientes" y la información de la página de ACUMAR "resulta escasa, dispersa, en ocasiones desactualizada e incompleta, careciendo de sistematización y detalle".

CONTAMINACION INDUSTRIAL
La CSJN ordenó realizar inspecciones "a todas las empresas existentes" en la cuenca Matanza-Riachuelo, identificar aquellas que se consideren "agentes contaminantes" por arrojar residuos, descargas o emisiones y obligarlas a presentar un plan de tratamiento y reconversión industrial. Si no lo hicieran, ordenó la clausura inmediata.
Sin embargo, la DPN consideró que este objetivo tuvo acciones "insuficientes e inconsistentes". ACUMAR creó un cuerpo de inspectores propio, de 34 miembros, y estableció un marco normativo, que a juicio de la DPN no permite el cumplimiento del fallo de la Corte.
"Aún no se tiene certeza sobre el número de industrias existentes en la Cuenca. Si bien se estima que debe haber unas 20.000, sólo se han fiscalizado 2.672, de las cuales sólo en 118 casos se resolvió declararlas 'Agente Contaminantes`, dice el informe de la DPN.
Sin embargo, de las 118 industrias peligrosas, sólo 79 fueron intimadas a presentar un plan de reconversión, sin que ninguna haya de contaminar.

POLO PETROQUIMICO
La CSJN ordenó presentar un proyecto de reconversión industrial y relocalización de las empresas y la población asentada en villas del polo petroquímico Dock Sud. Sin embargo, hasta hoy no se hizo ninguna acción al punto que el juez Armella tuvo que ordenar el jueves pasado que ACUMAR realice "un plan integral, viable y concreto" para "abordar en forma inmediata y concluir con éxito la adecuación ambiental de la zona".

ESTADO AMBIENTAL
La CSJN mandó presentar en forma pública y actualizada trimestralmente un informe del estado del agua y las napas subterráneas y de la calidad del aire de la Cuenca. Sin embargo, la DPN observó que no se realizó ninguna acción, salvo algunos estudios aislados y no sistemáticos realizados por el Instituto Nacional del Agua, la Universidad Nacional de La Plata y el Servicio de Hidrografía Naval.

URBANIZACION DE VILLAS
La CSJN ordenó poner en práctica planes de vivienda que garanticen una solución sustentable para las familias que residen en asentamientos precarios sobre basurales en la costa del Riachuelo. Sin embargo, la DPN observó que si bien "se han ejecutado acciones", sólo se construyó el 39 por ciento de las viviendas proyectadas y no se realizó el censo de sus habitantes, por lo que ni siquiera es seguro que esas casas terminen en manos de la población en riesgo.


BASURALES
La CSJN mandó cerrar los basurales clandestinos, impedir que se sigan volcando residuos e implementar un programa de prevención de formación de nuevos basurales a cielo abierto.
La DPN observó que se "relevaron, georeferenciaron y categorizaron los basurales existentes en la Cuenca", pero no se cumplió con su clausura. En marzo se informó la existencia de 217 basurales, cuando el año pasado se había constatado la existencia de 141, por lo que la cantidad de lugares donde se tiran residuos -muchos de ellos tóxicos- se incrementó en un 54 por ciento. Incluso, de los 26 basurales peligrosos que ACUMAR presentó como erradicados, el juzgado de Armella constató que sólo se hizo una "mera remoción de residuos superficiales".

LIMPIEZA DEL RIO
La CSJN ordenó transformar la ribera del Riachuelo en un área parquizada, asegurando la imposibilidad de realizar vertidos clandestinos a los cursos de agua y brindando una solución sustentable a las familias que habitan a la vera del río.
Para la DPN, se realizaron tareas de limpieza de márgenes y el espejo de agua, como la remoción de 7 buques hundidos, pero no se limpió los más de 200 arroyos tributarios al curso principal. Tampoco se pensó en atender la problemática de las viviendas asentadas sobe las orillas.

PLAN SANITARIO
Finalmente, la CSJN ordenó realizar un mapa sociodemográfico y una encuestas de factores ambientales de riesgo a los efectos de determinar las patologías producidas por la contaminación del aire, suelo y agua, con un sistema de seguimiento de los casos.
De acuerdo a la evaluación de la DPN, ACUMAR realizó, por medio del Ministerio de Salud de la Nación, el mapa y la encuesta por lo que se pudo determinar que el 96,4 por ciento de la población se encuentra sometida a, al menos, una amenaza ambiental. Sin embargo, nunca se identificó a los grupos que requieren atención prioritaria ni se creó un registro de las patologías