A dos años del fallo en el que la Corte Suprema de justicia ordenó sanear el Riachuelo, el oscuro curso de agua que limita la Ciudad por el sur sigue siendo un turbio fondeadero, lleno de basura e industrias contaminantes que pone en riesgo ambiental al 96,4 por ciento de su población, unos 5 millones de habitantes.
A tal punto no se cumplió, que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, debió sancionar a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense -que integran la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR)- por no haber hecho nada para frenar la contaminación de origen industrial y no haber avanzado en el saneamiento de basurales.
"El juez Armella es el encargado de ejecutar la sentencia de la Corte y ha aplicado las multas como medida conminatoria, para que las acciones se lleven a cabo. Lo más grave hoy es que todavía no existe un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) real que garantice la limpieza del Riachuelo", expresó el defensor adjunto 1 Anselmo Sella, a cargo de la Defensoría dei Pueblo de la Nación (DPN).
Cristina Maiztegui, jefa del Area Medio Ambiente de la DPN, explicó: "El primer PISA se presentó en 2006. Van cuatro años y todo sigue en veremos, porque vamos por la quinta versión y todavía no hay un programa definitivo".

PRESIONES
Para el defensor adjunto, "falta articular las acciones para que haya un avance unívoco de todos los puntos. Hoy se avanzó en algunos temas y en otros no se hizo nada". "Hubo dilaciones de caracter interno de la ACUMAR que en estos mo mentos, a dos años del fallo, nc pueden ser puestas como justificación", expresó Sella.
Ahora bien, es simplemente un te ma burocrático o se trata de interese: específicos lo que impide que se lle ve a cabo el saneamiento. Según e defensor del pueblo, "cuando se ha bla de contaminación de origen in dustrial, siempre se generan sospe chas, porque aparecen dificultades para clausurar y presiones política". Es histórica la amenaza de los industriales cuando les querés hacer cumplir normas ambientales Si querés cerrar un agente contaminante, inmediatamente te dicer que van a quedar 500 o 1000 familías en la calle", expresó Sella.

CUELLO DE BOTELLA
Ahora bien, si la Corte lo ordenó y el juez de ejecución lo ratificó, por qué la mayoría de las empresas ni siquiera fue inspeccionada. "Hay una clara falta de planificación y continuidad. ACUMAR ha reconocido la necesidad de que se realice un mínimo de 20 inspecciones diarias y para hacerlo no alcanzan los 34 inspectores. Además, una vez que se toman muestras de los vertidos se produce un `cuello de botella' dentro de la ACUMAR que hace imposible cualquier medida", ex¬presó el defensor del pueblo.
"Cuando empezamos a fiscalizar las inspecciones y preguntamos quiénes eran los agentes contaminantes, primero reconocieron 10, después 15 ó 20, cuando ya habían visitado más de 2.000 empresas. ¿Qué pasa? Ahora resulta que na¬die contaminó la Cuenca. Es el cuento del `Gran Bonete'. ¿Quién la contaminó si no hay 'agentes contaminantes'?. Finalmente, tras dos años, llegamos, a cuenta gotas, a detectar 137 industrias, contra un total de 5.263 inspecciones", explicó Maiztegui.
"Todo esto tiene un gran nivel de absurdo. El sentido común no permite aceptar que de 5.500 em¬presas inspeccionadas sólo haya cuatro con un plan de reconver¬sión industrial aprobado. Hay una resistencia muy fuerte por parte de los industriales a aceptar una modificación de las reglas de juego, porque para ellos poder contaminar significa una plusvalía muy importante. Es un sistema de producción mucho más barato y, por lo tanto, una rentabilidad adicional", expresó Sella.
cos. Hay una falta absoluta de voluntad de cumplir el fallo de la Corte", expresó Sella.
Según la DPN, la ACUMAR nunca hizo un censo de la población que vive en las villas al borde del río y, por lo tanto, no existe la más minima posibilidad de hallar una solución. "Lo más importante y urgente es la salud de esta gente. Hoy el 96,4 por ciento se encuentra expuesto a, por lo menos, una amenaza ambiental", enfatizó el defensor.

BASURALES
Uno de los temas más preocupantes, que mereció la sanción del juez Armella, es que en el último año no sólo no se limpiaron los basurales a cielo abierto, sino que se multiplicaron. "Los basurales son creados por los municipios que vuelcan sus residuos sobre el río y por empresas que tiran desechos industriales para ahorrarse los costos de trata¬miento", explicó Maiztegui y agregó: "Se realizó una limpieza superficial del cauce del río, pero de los 27 basurales que dicen que se erradicaron, muchos volvieron a funcionar. parece la basura por todos lados, los afluentes líquidos siguen en el agua y no se trata la contaminación del aire".

POLO PETROQUIMICO
En la Villa Inflamable viven unas 1.000 familias y la Corte ordenó su reubicación, ya que están expuestas a las peores amenazas ambientales. Sin embargo, nunca se hizo nada. Tanto que el jueves último el juez de Quilmes reclamó a la ACUMAR que realice "un plan integral, viable y concreto" para el Polo Petroquímico Dock Sud que permita "abordar en forma inmediata la adecuación ambiental de la zona".
"Para dar una solución hay que hacer un estudio de los niveles de riesgo. Hoy no se sabe qué hay. No alcanza con decir que las empresas a las que se les venza el permiso se tienen que ir, porque el riesgo sigue siendo el mismo. No hay diagnósticos ni estudios para hacer algo en el Polo. De hecho de donde se fueron empresas hay hay operando otras", explicó Maiztegui.

ESPERANZA
A pesar de todo, para la Defensoría, el Riachuelo no es una causa perdida. Muy por el contrario, valoran el trabajo en la ejecución de la sentencia hecho por el juez de Quilmes y están convencidos de que, a pesar de los incumplimientos, "el proceso de saneamiento es inexorable". "Hoy falta mucho para cumplir el fallo, los plazos están todos vencidos, pero en dos años la situación debe ser muy diferente y en 10 debería haber un vertido cero. Reconvertir una industria lleva dos años. Lo que falta es trabajo", enfatizó el defensor