Los técnicos de la UNCuyo calculan que, de no mediar una política de Estado capaz de corregir desviaciones y coordinar medidas comunes a toda el área, se profundizarán los efectos de una caótica expansión urbana, con el automóvil enseñoreándose en el espacio público; con un contraste insultante de baldíos cortando la ciudad en medio, un sistema de transporte insuficiente, sin vías troncales que lo hagan práctico y eficiente; sin avenidas de circunvalación al núcleo céntrico; con el agua en crisis.
El informe también señalaba la pérdida de terrenos productivos a favor del negocio inmobiliario. En todo el análisis de la UNCuyo se deducía la necesidad de coordinar políticas entre todas las intendencias que integran el enorme Gran Mendoza -Capital, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján y Maipú- el gobierno provincial y los organismos prestadores de servicios.
Por cierto, éstas son evidencias ya antiguas en Mendoza, como la ausencia de una coordinación en el máximo nivel tal cual exige el futuro en riesgo. A mediados de los 90, los jefes comunales y el gobierno provincial intentaron abordar el trabajo coordinado: tanto el de la planificación, como el de la ejecución de políticas de urbanización, transporte, servicios y defensa ambiental.
El DEM -Desarrollo Estratégico de Mendoza- se esfumó no obstante en poco tiempo, producto de las individualidades de cada comuna y de muy diferentes visiones políticas sobre el tema. El organismo provincial al que se le derivó la tarea coordinadora, no consiguió su objetivo hasta hoy.
Ahora que la provincia cuenta con su Ley de Suelos y ha esbozado su Plan Estratégico Ambiental, son de alta significación, las manifestaciones que hicieron los intendentes del Gran Mendoza, durante la realización del I Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que culminó recientemente.
Todos plantearon la necesidad de coordinar la gestión, redefinir el rol y las nuevas funciones del municipio (que por cierto ya no es el de mero recolector de basura o abastecedor de la luz pública) y armonizar un Consejo Ejecutivo de las grandes decisiones, con los intendentes y el gobierno provincial.
Ordenamiento territorial, el agua disponible, el avance del cemento sobre la tierra productiva; las migraciones del campo a la ciudad; los servicios cuya demanda crece exponencialmente, “las inversiones inmobiliarias que se levantan fuera del ejido urbano y que exigen del Estado sacrificios enormes para poder llevarles los servicios”. Sonaron en los sinceramientos los problemas del micro centro (hacinamiento, colapso automovilístico, desequilibrio ambiental, expansión urbana desordenada).
“Es urgente empezar a enfrentar el tema interjurisdiccionalmente y dejar de echarse la culpa unos a otros”, admitieron los jefes comunales., quienes hicieron hincapié en la necesidad de una reforma institucional profunda, que jerarquice el papel de las comunas.
“Los planes sociales deberían ser transferidos a los municipios y que se nos evalúe por el uso de esos recursos. Pero hoy recibimos programas enlatados, sobre los que no tenemos injerencia y muchas veces sin financiamiento”, cuestionaron.
Se propuso que la prevención y la atención primaria de la Salud debería ser una cuestión municipal, centralizando los centros de salud, para que dejen de ser un sistema donde intervienen todos (Nación, Provincia, obras sociales y también municipios).