Las comisiones de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Legislación General y Minería de la Cámara de Diputados se reunirán hoy para comenzar a tratar la ley provincial de Glaciares, iniciativa que el Ejecutivo envió a la Legislatura Provincial.
Los diputados se reunirán a las 9 y esperan la presencia del secretario de Minería, Jorge Eremchuk, y de la subsecretaria del Ambiente, Nora Martínez. Hasta anoche, los funcionarios provinciales habían confirmado su presencia a los diputados del FCS.
El proyecto obtuvo media sanción el pasado 5 de agosto en la Cámara de Senadores. Como objetivo, pretende reafirmar la competencia de la Provincia sobre sus recursos naturales. La normativa forma parte de la estrategia de las provincias mineras que pretenden frenar el alcance del proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación porque limitaría la actividad minera. El argumento fundamental es que los glaciares son recursos naturales forman parte del dominio de las provincias y por lo tanto la Nación no podría legislar sobre ellos.
Para el Gobierno provincial, es fundamental contar con el marco legal antes que la Cámara de Senadores convierta en ley el proyecto que se trata en el Congreso de la Nación.

Reunión con Marcolli
Por otra parte, los diputados que integran la comisión de Salud recibirán hoy, a las 19, al ministro de Salud, Mario Marcolli.
El encuentro será con agenda abierta ya que existen varios temas del área, que son de interés para la labor legislativa.

Invitación para Brizuela
El gobernador Eduardo Brizuela del Moral será invitado, junto a otros diez gobernadores cordilleranos, a exponer el próximo martes 21 en el Senado de la Nación sobre el proyecto de ley que busca proteger los glaciares y el denominado ambiente periglacial.
Los mandatarios pidieron ser escuchados por lo que se postergó el debate en el recinto para el próximo jueves 30 de septiembre. Los gobernadores reclamaron asistir a las reuniones de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable debido a que los proyectos podrían afectar el derecho de las provincias a fijar su propia política sobre los emprendimientos mineros.