El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó a Nación Fideicomisos depositar $ 6 millones para cubrir los daños ambientales ocasionados por la Papelera Quilmes, ex Massuh.
La producción de la fábrica está paralizada. Se suponía que pasaría a ser una cooperativa gerenciada por el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y que reactivaría su producción. Pero esto no ocurrió.
"Tengo entendido que la pastera no está trabajando y está en conflicto con los empleados -informó el juez a LA NACION-. Ante el anuncio de liquidación de la planta por parte de Nación Fideicomisos [la empresa de servicios financieros del Banco Nación, administradora de los fondos destinados a la reactivación de la planta], se dispuso esta medida para reparar el pasivo ambiental que perjudica a los vecinos", agregó.
Voceros de Nación Fideicomisos informaron que todavía no se recibió la notificación del fallo.
El magistrado, además, multó con 400.000 pesos por temeridad y malicia a la Municipalidad de Quilmes; a su intendente, Francisco Gutiérrez, y a otros cuatro funcionarios comunales por incumplir con obras forestales e hidráulicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
"Es ridículo. Una situación tremendamente extraña, ya que este juez no tiene jurisdicción sobre el municipio y se empecinó en atacar a esta administración", dijo a LA NACION Claudio Olivares, secretario de Medio Ambiente de la municipalidad.
El juez platense interviene en la causa Vela Darío René y otros contra Massuh SA y otros, sobre reparación o recomposición de daño ambiental, que inició un grupo de vecinos por la contaminación que generó durante los últimos tiempos la papelera de Quilmes Oeste.
La semana pasada, Arias ordenó a la firma financiera estatal que informara, en el plazo de dos días y de manera detallada, el estado del proceso de liquidación judicial del fideicomiso financiero y de administración Empresa Papelera de Quilmes. Para ello, requirió que se agregara el último estado patrimonial y financiero certificado por contador público, y se pidió un informe sobre la vigencia del contrato de seguro ambiental.
El juez ordenó también al Ministerio de Salud provincial que realizara en el vecindario de la planta un operativo para verificar si los habitantes padecen patologías compatibles con la contaminación.

Acciones pendientes
Además, el magistrado ordenó solicitar al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata la elaboración de un informe sobre las acciones pendientes en materia ambiental. Arias aclaró expresamente por escrito que Nación Fideicomisos deberá hacerse cargo del costo de este estudio.
Al analizar los motivos por los que reclama a esa firma que se responsabilice de los daños, el fallo expresa que hubo un acuerdo escrito el 24 de septiembre de 2009, en el cual el fideicomiso asumió obligaciones tendientes a lograr el cese o una solución por el daño ambiental que afectara a los vecinos.
El juez advirtió, además, que su resolución es pertinente, atento a que la liquidación judicial del fideicomiso importa un riesgo cierto de incumplimiento de los compromisos que fueron asumidos al suscribir el convenio .