Los glaciares argentinos, junto a los de Chile los más extensos de América del Sur, encajan el daño del cambio climático mientras se yergue sobre ellos la amenaza de la minería y de grandes proyectos de infraestructura vial. Una ley para protegerlos fue nuevamente postergada.
Los glaciares son inmensas reservas de agua dulce vitales para alimentar ríos, lagos y napas subterráneas. Pero el aumento de la temperatura del planeta está achicando su capacidad de cumplir esas funciones.
“El cambio climático es el causante principal de la retracción, pero también la industria del petróleo, la minería a gran escala, el turismo de alto impacto y las obras de infraestructura los afectan”, dijo a Tierramérica el glaciólogo Ricardo Villalba, director del estatal Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
Entre 1984 y 2004 el retroceso de los glaciares en ocho áreas estudiadas fue, en promedio, de entre 10 y 15 por ciento, agregó. En algunos casos la pérdida es mayor, como en el glaciar Upsala, en la austral provincia de Santa Cruz, que se reduce en forma acelerada. Es el segundo más grande de América del Sur, con una superficie aproximada de 870 kilómetros cuadrados.
Otros glaciares son más estables o incluso se expanden, como el Perito Moreno. Ambos alimentan el Lago Argentino.
Expertos de Ianigla y de organizaciones ecologistas promovieron una ley para preservar estas masas de hielo, que fue aprobada por el Congreso legislativo en 2008, pero vetada por la presidenta Cristina Fernández, para quien resultó “excesiva” una prohibición prevista de actividades productivas en esos hielos.
Tras ese fracaso, la Cámara de Diputados votó en agosto de este año un nuevo texto, que se iba a someter a debate del Senado el 8 de este mes. Pero los senadores resolvieron posponerlo hasta el día 30.
La mayor resistencia procede de legisladores de provincias mineras, como San Juan y La Rioja, en el occidente del país.
El texto del nuevo proyecto “es mejor” que el anterior, a juicio del activista Hernán Giardini, del capítulo argentino de Greenpeace, pues establece que “los glaciares constituyen bienes de carácter público”.
La iniciativa “protege el recurso, restringe actividades que amenazan los glaciares y exige un inventario con información necesaria para la adecuada protección y el monitoreo” de esos hielos, dijo Giardini a Tierramérica. Además, prohíbe cualquier actividad que implique “destrucción o traslado” de glaciares, y “en particular” aquéllas que entrañen el uso de sustancias contaminantes y productos químicos o generación de residuos, y fija severas sanciones para los infractores.
El proyecto establece la creación de un inventario nacional de glaciares, una herramienta clave que quedaría en manos de los especialistas del Ianigla. Si se promulgara la ley, el Instituto estará facultado para dar el visto bueno a cada iniciativa productiva o de infraestructura.
Así, proyectos polémicos como el de Pascua Lama –una mina de oro a rajo abierto en territorio chileno y argentino, a cargo de la corporación canadiense Barrick Gold-- serían sometidos a la auditoría del Instituto y podrían suspenderse si no hay garantías de preservación de los glaciares.
Pascua Lama está en una zona de hielos que abarca la norteña región chilena de Atacama y la occidental provincia argentina de San Juan.
Con una inversión prevista de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, la empresa estima que explotará durante 21 años la mina, que cuenta “con reservas comprobadas de 17,8 millones de onzas de oro” y “718 millones de onzas de plata”, según indica su sitio web.
Las obras ya están en construcción y se prevé que la producción comenzará en 2013. El proceso de aprobación enfrentó una ardua resistencia de productores rurales del lado chileno.
Ambientalistas y agricultores de la zona baja del valle en Argentina también se oponen, pues las operaciones podrían acelerar el derretimiento de los hielos, y el cianuro usado para precipitar el oro podría contaminar el agua.
Otra iniciativa cuestionada en áreas de hielos es el proyecto vial de los túneles de Agua Negra, en el paso fronterizo del mismo nombre, que perforaría la cordillera de los Andes entre Argentina y Chile a casi 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, para completar el corredor vial bioceánico entre el puerto chileno de Coquimbo, en el Pacífico, y la ciudad brasileña de Porto Alegre, cercana al Atlántico.
Estas iniciativas se sitúan en la región centro-occidental de Cuyo, donde el retroceso glaciar es más crítico que en los Andes Patagónicos, y el agua dulce es un recurso escaso, señala el estudio “Cambio climático: Futuro negro para los glaciares”, publicado en agosto de 2009 por Greenpeace.
Allí la agricultura y la generación hidroeléctrica dependen del servicio que brindan los glaciares.
Durante las últimas décadas, el calentamiento global y, en algunas zonas, “la menor precipitación” hicieron “retroceder a casi todos los glaciares de los Andes Patagónicos”, afirma el informe.
Villalba señaló que los glaciares también son cruciales para proteger sistemas de alta montaña, proveer energía eléctrica y como atractivos para el turismo.
Un ejemplo es el Parque Nacional Los Glaciares, declarado en 1981 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Allí se encuentran el Campo de Hielo Patagónico, que alimenta a 47 grandes glaciares, y más de 200 glaciares independientes y más pequeños.
También están allí el Upsala y el majestuoso Perito Moreno, que en el primer semestre de este año recibió 290.000 turistas. Sus visitantes aportan 44 por ciento de toda la recaudación que recoge por este concepto la Administración de Parques Nacionales.