La Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió ayer al Gobierno de Corrientes informes vinculados al proyecto de construcción de una represa sobre el Arroyo Ayuí, en el marco de una acción de amparo presentada por el Estado nacional. La provincia cuenta con 30 días de plazo para responder a la petición de la Justicia.
En rigor, el máximo tribunal requiere que la gobernación de Ricardo Colombi presente los antecedentes y la información completa del emprendimiento denominado «Proyecto Productivo Ayuí Grande», incluidos los estudios de impacto ambiental realizados, para que las autoridades nacionales puedan evaluar si las obras respectivas se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay de 1975.
A principios de setiembre, el Gobierno nacional presentó una solicitud para que se dicte una prohibición de innovar a fin de lograr, tal como explicó en esa oportunidad el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, «la paralización inmediata de cualquier obra que se haya iniciado» en la provincia, ya que podrían generar un «daño ambiental irreversible».
«Tenemos la necesidad de garantizar los deberes impuestos del Estatuto del Río Uruguay», indicó el funcionario en alusión al proyecto que se atribuye al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda.
Por esa razón, la Corte también le pidió a la provincia que informe, en el plazo de diez días, «si han comenzado las obras correspondientes al emprendimiento referido y, en tal caso, el estado de avance en que se encuentran; en su defecto, deberá informarse para qué fecha se encuentra programado el inicio de las tareas de construcción de dicho proyecto». Para cualquier caso, se deberá suspender el avance hasta tanto la demandada haga entrega de los antecedentes e informes indicados y las autoridades nacionales puedan expedirse al respecto.