Los jueces quieren que brinde los datos sobre la polémica iniciativa del vice del Grupo Clarín en Corrientes, antes de resolver la denuncia del gobierno al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, a informar en un plazo de diez días qué tan avanzado se encuentra el proyecto productivo Ayuí Grande. El polémico emprendimiento del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y de George Soros, no sólo tendría aciagas consecuencias a nivel ambiental, sino que podría implicar un conflicto con Uruguay.
La iniciativa prevé la inundación de unas 8000 hectáreas de bosques protegidos sobre la cuenca del Arroyo Ayuí, a pocos kilómetros de los Esteros del Iberá, para irrigar otras 77 mil hectáreas destinadas al cultivo de arroz.
La decisión de la Corte responde a una demanda del gobierno nacional contra la provincia en la que solicita la interrupción de la obra y que “cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental”.
El máximo tribunal consideró que “dada la magnitud de la obra y sus posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, que es un recurso natural de carácter interjurisdiccional, es necesario el acceso a esa información a los efectos de poder expedirse sobre su viabilidad”.
A pesar de la insistencia del gobierno y ahora de la justicia, los intereses arroceros parecen no darse por enterados de la resistencia al proyecto. El domingo pasado Colombi hizo, junto al presidente de la SRA, Hugo Biolcatti, una férrea defensa del emprendimiento del vicepresidente del Grupo Clarín.
En el acto inaugural de la 102ª Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Mercedes, Colombi afirmó: “Este gobierno va a apoyar cualquier proyecto productivo que quiera radicarse en la provincia” y señaló que las críticas a la Ley de Bosques (hecha a medida de intereses arroceros) “están frenando inversiones por $150 millones”.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, Gerardo Condado, cargó contra quienes cuestionan la normativa y el proyecto de Aranda al señalar: “los haremos responsables de la pobreza en la provincia”.
Por el contrario, la diputada provincial María Inés Fagetti, recibió con agrado la resolución y señaló a Tiempo Argentino que “la Corte actuó muy rápido y de manera oportuna porque acá piensan seguir adelante”. Fagetti advirtió además que “hay una reacción muy fuerte por parte de los sectores productivos: sacan solicitadas, hacen conferencias de prensa y se muestran junto al gobernador defendiendo el proyecto”. “Están haciendo una defensa corporativa muy fuerte” sentenció Fagetti Ambiente - Quienes resisten el proyecto advierten que dañará el ecosistema

CONFLICTO

La Cancillería expresó su preocupación sobre el proyecto, ya que al ser el Ayuí un afluente del Miriñay, que desemboca en el Río Uruguay, podría haber un nuevo conflicto con el país vecino, de comprobarse un alto grado de eutrofización del agua.