La Corte Suprema pidió ayer informes a la provincia de Corrientes vinculados al proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, en el marco de una acción de amparo presentada por el Gobierno.
La Corte pidió a la provincia que informe, en un plazo de 30 días, los antecedentes y la información completa del emprendimiento denominado “Proyecto Productivo Ayuí Grande”, incluidos los estudios de impacto ambiental realizados, a fin de que las autoridades puedan evaluar si las obras se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay de 1975.
Además, el gobierno de Corrientes deberá informar en el plazo de 10 días si ya comenzaron las obras del “proyecto productivo Ayuí Grande”, así como “sus posibles consecuencias sobre el río Uruguay”.
Así lo dispuso ayer la Corte al aceptar como “competencia originaria” una demanda del Estado nacional contra Corrientes, por la construcción de esta represa cercana a los esteros del Iberá.
Una vez obtenida la información, el tribunal resolverá si hace lugar a un pedido del Gobierno nacional para paralizar las obras.
Por otra parte, la Corte rechazó ayer un pedido de comunidades aborígenes de Salta para investigar si se habrían realizado desmontes en esa provincia en violación al fallo del 2008 del tribunal que dispuso la prohibición de la tala de bosques nativos. Los jueces rechazaron el planteo al sostener que excede el marco de la causa
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