En muchos lugares del mundo la explotación minera avanza a ritmo vertiginoso. Esto implica un consumo desmesurado de agua, además del saldo de un territorio arrasado. Las mineras nunca (o casi nunca) son locales. Se trata de firmas de capitales estadounidenses o canadienses, principalmente, para el caso de América Latina, o de capitales europeos. Cabría preguntarse: ¿por qué, aún siendo originarias de los países militar y económicamente más poderosos, y que son los que más injerencia tienen en ellos, los organismos multilaterales, como el BM, no advierten los riesgos de la actividad minera para el agua, un bien que al mismo tiempo denuncian que marcha rumbo a la escasez?.
El diccionario de la lengua castellana, de la Real Academia Española, ofrece la siguiente definición: “Agua: (Del lat. aqua). Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la superficie terrestre y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales”.
Quedémonos con estos tres términos: inodora, insípida e incolora. Es decir, a través de ella podría verse perfectamente. Sin embargo, parece ser que el actual debate en torno al agua, en realidad, sirve para ocultar otros recursos naturales de interés. Podría decirse así que la repentina “apertura de la canilla” del debate sobre el futuro del agua, sirvió para inundarlo todo, y tapar otros intereses.
Es cierto que “el agua potable es un bien escaso, que sólo constituye el 2,5 por ciento del total del agua del mundo; mientras que el 97,5 por ciento restante lo encontramos en mares y océanos”, como lo señala la profesora de Historia, especialista en geopolítica, y defensa nacional, Elsa Bruzzone. La frase pertenece al libro de Bruzzone, quien también es asesora ad honorem del Congreso Nacional argentino, “Las Guerras del Agua”.
También es cierto que, como señala la autora en la misma página, “la tecnología para desalinizar agua de mar existe, pero representa problemas: es cara porque requiere mucha energía, y aún no se ha encontrado el método de deshacerse de la salmuera que queda del proceso y de los elementos químicos que se utilizan en el mismo”.
Hasta allí, todo contribuye a abonar la teoría de que, ante un futuro con problemas de acceso al agua en buena parte del planeta, este elemento vital será objeto de conflictos. Razones para suponerlo no faltan, porque lo que abundan son antecedentes que dan cuenta de esa estrategia de los países militar y económicamente más poderosos, para doblegar a los más débiles.

Temas para pensar
Como contracara surgen algunos aparentes absurdos en esta mirada. Por un lado, las reservas de agua subterránea del planeta son más que abundantes, y son muy superiores al agua en superficie, lo que permitiría a la humanidad toda una larga y próspera supervivencia. Está claro que el agua no está equitativamente distribuida a lo largo del globo, y que estos acuíferos o reservorios subterráneos están en estado virginal (o casi), en los continentes militar y económicamente menos poderosos, como África y América del Sur y Central, o algunas zonas de Asia.
Con sólo escribirlo, ya es posible imaginar el escenario: una América del Norte o una Europa sedientas, recurriendo al uso de la fuerza para saciar su sed en las fuentes de agua de sus vecinos más débiles. Una imagen admisible, pero… ¿lógica?
En el peor de los escenarios, con un desembarco militar en América del Sur y África para el “robo” sistemático del agua, basta con tratar de imaginar los costos astronómicos que tendría trasladar el líquido vital hasta los sitios de consumo. ¿Cuánto costaría, entonces, regar cultivos, o dar de beber a los animales de la actividad ganadera? Y eso si el enfoque se orienta sólo hacia la cuestión productiva. Podría plantearse el interrogante respecto a ¿cuáles serán los costos de una ducha?, o incluso, los del baño para una mascota. En el otro supuesto, el de una invasión acompañada por un progresivo traslado poblacional, hay aún menos sustento lógico.

El agua no se termina gota a gota…
En los años ‘90, en Argentina, el modelo neoliberal que llegó para privatizar todos los servicios, y entre ellos el del agua, instaló una campaña “de concientización”, decían, pero que tenía un trasfondo comunicacional alarmista. Entre muchas otras consignas, había un slogan bastante simple, pero pegadizo: “gota a gota, el agua se agota”.
Desde la restatización del servicio en el área metropolitana en torno a la capital argentina, el lenguaje amenazador se retrajo en forma considerable. Si bien siempre resultan insuficientes, hay en marcha obras tendientes a extender las redes de agua potable en forma legal, lo cual evitar que mediante conexiones precarias se produzcan pérdidas de ese líquido vital.
Sin embargo, aunque es muchas veces uno de los temas por el que los organismos internacionales ponen el grito en el cielo, la destrucción del agua potable tiene otros caminos, que son verdaderas autopistas, si se traza un paralelo con la velocidad del daño. En Argentina, y en América Latina, pero también en muchos otros lugares del mundo (por caso grave y poco conocido: Mongolia), la explotación minera avanza a ritmo vertiginoso. Ese avance implica un consumo desmesurado de agua, además del saldo de un territorio arrasado. Singularmente, las mineras nunca (o casi nunca) son locales. Se trata de firmas de capitales estadounidenses o canadienses, principalmente, para el caso de América Latina, o de capitales europeos.
Y los mismos organismos que muestran tanta preocupación por la pinchadura de una conexión clandestina de agua en un domicilio, con una manguera de media pulgada, como el Banco Mundial (BM), por ejemplo, nada dicen de la actividad minera.
El dato lo aporta el portal de OPI Santa Cruz, de la provincia argentina de Santa Cruz: “El yacimiento de oro de Santa Cruz, Cerro Vanguardia, tiene una demanda mensual de agua que oscila entre los 90 y 110 mil m3 por mes (para convertir a litros multiplicar por mil), utilizada para el proceso de explotación minera. Río Gallegos, según datos oficiales recabados en SPSE (Servicios Públicos Sociedad del Estado) demanda alrededor de 36.000m3 a lo largo del mes”.
Haciendo uso de la lógica, tan caída en desuso por estos días, cabría preguntarse: ¿por qué, aún siendo originarias de los países militar y económicamente más poderosos, y que son los más injerencia tienen en ellos, los organismos multilaterales, como el BM, no advierten los riesgos de la actividad minera para el agua, un bien que al mismo tiempo denuncian que marcha rumbo a la escasez? Aún cuando se esboce la más conspirativa de las teorías conspirativas, no parece tener sentido que con el fin de preservarla para futuras supuestas invasiones de los países poderosos, los organismos multilaterales no lances advertencias contra la minería a cielo abierto.

¿Evo tenía razón?
Mientras se escribía esta segunda entrega del Informe, el 29 de julio último, el diario estatal boliviano Cambio publicó una extensa nota, bajo el título “ONU declara acceso al agua como un derecho humano para la vida”. La nota comenzaba diciendo que la aprobación había tenido lugar un día antes, en el marco del sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y planteaba que “a iniciativa de Bolivia”, la ONU “reconoce (tras la decisión) al agua potable y al saneamiento básico como derechos humanos universales”. Eso, seguía el artículo, “coronó una intensa campaña internacional liderada por el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma”. Ciento veintidós países votaron a favor, cuarenta y uno se abstuvieron. Y tras quince años de debates, la mayoría dio el sí a una resolución de compromiso redactada por Bolivia que consagra los derechos al agua y al saneamiento básico”.
Quienes sigan aunque más no sea superficialmente la política internacional no podrán menos que admitir que los tomó por sorpresa el aval a una propuesta de Evo Morales, y más a una propuesta en esa línea. Y no porque el proyecto presentado no tuviera buenas intenciones, sino por el tipo de calificativos con que suelen alfombrarle el camino al presidente boliviano en no pocos lugares del mundo.
Como fundamentos de la propuesta, y de su aval, se mencionaron además de varias declaraciones previas, datos de extrema actualidad: las 884 millones de personas que carecen de acceso al agua potable y las más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, o los 1,5 millones de niños menores de 5 años que mueren cada año, o los 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento.
En el punto 2 de la Declaración, la ONU “exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”. Y es en ese punto donde se instala nuevamente el interrogante. Interrogante respecto a la forma en que se entenderán, en cada país, y de la mano de cada gobierno de los países con menos recursos, la “asistencia” y la “cooperación” internacionales