El terreno donde la comuna construyó un depósito para pilas y construirá, a futuro, las plantas de líquidos cloacales y de residuos sólidos urbanos se encuentra en medio de un conflicto legal.
Es que mientras el intendente Juan Carlos De Paolo anunciaba con bombos y platillos la construcción de la planta de desechos sólidos, un abogado, Alejandro Raue, ingresaba a la Fiscalía de Instrucción una denuncia por desobediencia judicial de la comuna en este terreno, ubicado sobre calles 7 y Q.
Según el letrado, la Comuna inició una demanda de reivindicación porque tiene el título de la propiedad que adquirió en 2006 “pero dentro del terreno hay una familia que vive hace 30 años”. Mientras esperan la resolución judicial que diga quién es el propietario se solicitó una medida precautoria, “que es una medida urgente para poder trabajar porque se le caía la concesión para construir la planta de líquidos cloacales”, siguió.
Al respecto, el 18 de setiembre de 2006 la Justicia de Paz le concede la medida y después de apelarse quedó firme la sentencia. “La resolución habla de un carácter provisorio, y lo único que ordena a las hermanas René y Olga Olivera es que se abstengan de impedir el ingreso y realización de la tareas de las obras de cloacas, pero además construyeron un depósito de pilas y baterías y hablan de la construcción de una planta de residuos sólidos urbanos, y estamos ante un delito”.
Seguido, el abogado de las Olivera confirmó que ingresó una denuncia ante la fiscalía de instrucción “para que se tome intervención sobre la violación de la orden judicial que dio un juez”.
El abogado de la Comuna Gustavo Vendramin le dijo a UNO que no hay desobediencia judicial y que la orden les dice a las hermanas Olivera “absténganse de entorpecer” que el municipio ingrese para realizar las tareas del establecimiento depurador de cloacas, de líquidos o sólidos, por eso nosotros ponemos los tres establecimientos en el mismo lugar “porque nos consideramos dueños del inmueble”.