Hoy está previsto que Diputados dé media sanción al marco legal de funcionamiento de la empresa que remplazará a OSM, Aguas y Saneamiento Mendoza (AYSAM).
Si bien en varios aspectos no hay acuerdo pleno para sacar la norma, en términos generales habrá consenso suficiente para hacerlo dentro de los plazos legales, según estimó el presidente de la cámara, Jorge Tanús. La Legislatura tiene que tener la ley aprobada por las dos cámaras antes del 27 de setiembre, día en que termina el plazo de la intervención establecida por el Gobierno desde que se hizo caer la concesión.
Para poder alcanzar el acuerdo entre todas las fuerzas políticas fue necesario postergar para una discusión posterior tres temas espinosos.
Uno es el financiamiento, lo que implica evaluar qué recursos tendrá la empresa para salir del paso en la coyuntura y, sobre todo, para mejorar la estructura y el servicio.
En segundo lugar, se ha postergado la discusión sobre la conformación del ente de contralor que tendrá la empresa. Fundamentalmente, se deberá analizar cuál será la función del EPAS (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento) a partir de la reestatización de la empresa.
Y en tercer lugar, deberán discutir el cuadro tarifario, otro tema con muchas diferencias de opinión.
Para Tanús esta alternativa permitirá ordenar la discusión: “En primer lugar, hay que trabajar en la redacción de una norma que establezca el marco general de constitución de la nueva empresa y luego ir por partes. Una ley de fondo. En lo que tiene que ver con el financiamiento, hay que trabajar en primer lugar en una ley especial para destinar un aporte de $35 millones necesarios para hacer operativa la empresa”.
Uno de los aspectos en los que hay diferencias de criterio entre los bloques es en la conformación del directorio que manejará la empresa.
El oficialismo quiere que el directorio tenga siete miembros, dos de los cuales sean representantes de la oposición, a lo que la propia oposición se opone y propone que el directorio tenga cinco miembros sin representación parlamentaria. El argumento expuesto por el senador César Biffi (UCR) es que la incorporación de representantes políticos “irá licuando la responsabilidad, que debe ser del presidente de la empresa”.
El PD es el que tiene la postura más crítica. Aldo Vinci puso reparos: “No estamos convencidos de votar el proyecto así como está. No está hecho el plan de manejo. No sabemos cuánto hay que invertir. Lo más sano hubiera sido prorrogar la intervención hasta tener una idea más adecuada del estado de la empresa”.